El gremio de casinos discute la cifra oficial de juego ilegal

La estimación oficial que ubica en el 80 por ciento la porción ilegal del juego online bonaerense encontró un cuestionamiento desde un lugar inesperado: no desde el sector privado regulado, sino desde el sindicato de los trabajadores de casinos. La Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) sostiene que la cifra se queda corta.
Su secretario general, Roberto Páez, dijo en el programa Extra Radio 102.1 que los números del gremio "meten miedo" y ubicó a los oficiales "muy alejados" de lo que mide el sindicato. El planteo tiene un límite evidente: Páez no aportó las cifras alternativas que permitirían comparar una medición con la otra, de modo que la discrepancia queda enunciada pero no documentada.
El número que el gremio objeta lo presentó Gonzalo Atanasof, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), ante la comisión de juegos de azar de la Cámara de Diputados bonaerense. Ante los legisladores, el funcionario atribuyó al circuito ilegal el 80 por ciento del juego online provincial y estimó en US$3.600m el volumen del mercado ilegal de apuestas en todo el país, al tiempo que reconoció que el organismo no tiene herramientas para supervisar directamente esa actividad y depende del ciberpatrullaje y de las denuncias recibidas para dar con plataformas no autorizadas.
Páez extendió su crítica al marco normativo. Calificó de "dudosa legalidad" la legislación que hoy regula las apuestas online en la provincia, sancionada cuando gobernaba María Eugenia Vidal, y sostuvo que a los dos sindicatos del sector no se los llamó a esas discusiones. Es una objeción jurídica enunciada sin una presentación judicial detrás, pero que el sindicato usa para pedir lugar en la revisión legislativa en curso.
Lo que AMS reclama es, sobre todo, capacidad de persecución. El gremio pide que la provincia refuerce los controles y que la vía judicial quede abierta contra los explotadores de plataformas clandestinas, con la creación de una fiscalía especializada como medida central. Detectada una plataforma clandestina, sostuvo Páez, deben seguir "los allanamientos correspondientes" y el cierre del punto de venta o de difusión.
El proyecto de Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea, hoy en estudio en la Legislatura provincial, contiene ese mismo eje. Lo impulsan los legisladores de Fuerza Patria Micaela Olivetto y Facundo Tignanelli, y el texto propone crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales, sumar requisitos de identificación del usuario y reescribir el capítulo de publicidad y promoción. La posición del gremio, entonces, discute la magnitud del diagnóstico oficial pero converge con el remedio que el texto ya contempla, lo que deja la disputa en el terreno de quién tiene autoridad para medir el problema más que en el de las soluciones. La paradoja es útil para el oficialismo provincial: si hasta quienes impugnan su diagnóstico piden más poder de persecución, el capítulo penal del proyecto llega al recinto con menos resistencia que el resto del texto.
AMS es el sindicato que agrupa al personal administrativo, de maestranza y de servicios en los casinos de la provincia de Buenos Aires, cuyas salas presenciales dependen del IPLyC. El organismo provincial administra la lotería, los casinos y las apuestas autorizadas en el distrito, y es el mismo que presentó el diagnóstico sobre juego ilegal en el marco del debate por un nuevo régimen de apuestas en línea.
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