El Senado argentino tratará la ley de ludopatía el 26 de noviembre

ludopatia Argentina

El Senado argentino votó por unanimidad, con 70 votos, una moción de preferencia que pone el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online en el recinto el jueves 26 de noviembre. La preferencia habilita el debate incluso si el expediente no consigue dictamen de comisión, y deja 4 días de margen antes de que el texto pierda estado parlamentario el 30.

Ese margen de 4 días es lo que vuelve binaria la decisión del Senado. Si la Cámara alta aprueba el texto sin cambios, la iniciativa queda convertida en ley ese mismo día; si introduce una sola modificación, el expediente vuelve a Diputados para seguir su tratamiento, con los mismos 4 días de plazo y sin sesión prevista en la Cámara baja.

El problema es que el oficialismo quiere modificarlo. Patricia Bullrich, que conduce el bloque de La Libertad Avanza, anticipó que el Gobierno llevará cambios y que el martes 24 reunirá en plenario a 3 comisiones, Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, para revisar lo que votó Diputados junto con los retoques que propone el Poder Ejecutivo.

La misma sesión del jueves 19 dejó 2 votaciones que apuntan en direcciones opuestas. La moción para fijar fecha salió sin un solo voto en contra, 70 a 0, mientras que el pedido para tratar la iniciativa sobre tablas, sin esperar a las comisiones, se rechazó por 28 votos a favor y 40 en contra.

Leídas juntas, esas 2 cifras describen el escenario con precisión. De los 68 senadores que votaron esa segunda moción, apenas el 41,2 por ciento quiso resolverlo de inmediato, así que hay unanimidad sobre poner una fecha y una relación de casi 3 a 2 contra la urgencia.

El pedido de tratamiento inmediato lo había hecho el bloque Justicialista, que encabeza José Mayans. Tras su rechazo, el Senado terminó acordando el debate para el 26, de modo que la bancada que perdió la votación de método ganó la de calendario.

El argumento del Ejecutivo para pedir cambios apunta al perímetro de la norma. Bullrich planteó que la regulación debe morder también al circuito informal y puso como respaldo que el 75 por ciento del juego ocurre por fuera de los sitios habilitados, con mención expresa a perfiles de redes sociales donde no hay barrera real de edad.

Ese 75 por ciento es la misma cifra que los operadores con licencia vienen poniendo sobre la mesa desde octubre, cuando pidieron que la ley apuntara al canal ilegal antes que al legal. El dato llegó al oficialismo y hoy funciona como fundamento para reabrir un texto que ya estaba votado.

La senadora Carolina Moisés respaldó esa posición desde otro bloque: a su criterio la media sanción se queda corta frente a los sitios sin licencia y el capítulo de sanciones debería endurecerse. Eduardo Vischi, por el radicalismo, prefirió que el texto pase por comisiones y se revise ahí, mientras Luis Juez, del oficialismo, pidió apurar los tiempos.

Mayans puso el costo de la demora en los términos más duros de la sesión. Sostuvo que si no la tratan ahora la ley va a caer y que el oficialismo no ha exhibido voluntad de tratamiento, y advirtió que estirar los plazos significa que se están defendiendo intereses por sobre la salud de nuestros jóvenes.

También defendió el contenido del texto por su origen político, recordando que esta ley está bastante bien fundada y tuvo el acompañamiento de amplios sectores durante su paso por la Cámara baja.

Pero su aporte más útil fue técnico y abre una salida al problema de los 4 días. Su propuesta fue que las objeciones del oficialismo se resuelvan en la firma: que el Senado apruebe el texto tal como está y que el Poder Ejecutivo recorte o ajuste lo que no le cierra al promulgarlo, por decreto de promulgación parcial, sin devolver nada a Diputados.

La presión externa que empujó esta definición vino de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Argentina reclamó de manera reiterada que los senadores no dejaran perder la media sanción, y su presidente, monseñor Marcelo Colombo, señaló los pocos días que quedaban antes de la caducidad y pidió que la Cámara alta se hiciera cargo.

El pedido tomó volumen porque llegó mientras el papa León XIV visitaba la Argentina, y coincidió con lo que venían reclamando especialistas y entidades de distintos ámbitos: que la ley blinde a chicos y adolescentes frente al juego online.

El origen del expediente explica por qué el Senado duda. El texto nació de una iniciativa de Mónica Frade, diputada por la Coalición Cívica, y salió de la Cámara baja el 27 de noviembre de 2024 con un tablero de 139 a favor, 36 en contra y 59 abstenciones: sobre 234 votos emitidos eso da 59,4 por ciento de apoyo y 25,2 por ciento de la Cámara sin pronunciarse.

Una cuarta parte de Diputados que no quiso acompañar ni rechazar es el antecedente directo de las objeciones que hoy plantea el Senado. El texto nunca tuvo el respaldo unánime que la moción de preferencia sí consiguió para debatirlo.

El contenido que está en juego alcanza 5 frentes. Límites a la publicidad, la promoción y el patrocinio en medios, redes sociales, camisetas y eventos deportivos; controles de identidad y edad en el registro, de modo que un menor no pueda abrir cuenta; un capítulo de prevención y asistencia con autoexclusión y topes de uso; recortes en los medios de pago, con la tarjeta de crédito directamente vedada; y figuras penales para quien organice o administre captación de juego sin autorización de la jurisdicción competente.

El día del debate el expediente va a cumplir exactamente 2 años. Entre la media sanción del 27 de noviembre de 2024 y la sesión del 26 de noviembre de 2026 pasan 729 días, todos ellos sin que el proyecto llegara al recinto de la Cámara alta.

Si el texto cae, lo que queda en pie es el proyecto que el senador por Chaco Jorge Capitanich presentó la semana pasada. Ese otro texto obliga a operar bajo el dominio .bet.ar, corta la conexión de cada usuario a las 2 horas por día, recorta los medios de pago habilitados, saca la publicidad y los patrocinios del todo y crea un impuesto cuya recaudación iría a programas de prevención y asistencia en las jurisdicciones, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluidas. Pero ese expediente no tiene media sanción y debe recorrer las 2 cámaras desde el principio.

Un proyecto que pasó por una sola cámara arrastra ese estado hasta que la otra lo trate, y si el plazo del reglamento vence antes el expediente se cae y hay que presentarlo de nuevo, con el trámite completo por delante. Por eso lo que el Senado resuelva el 26 no define solamente el contenido de la regulación sino si la Argentina conserva 2 años de trabajo legislativo o arranca de cero.

Preguntas frecuentes

¿Si el Senado aprueba el proyecto el 26 ya es ley? Solo si lo aprueba sin modificaciones. Al 20 de noviembre de 2026 el texto tiene media sanción de Diputados, así que un voto favorable sin cambios en la Cámara alta lo convierte en ley; cualquier modificación lo devuelve a Diputados.

¿Qué pasa si el Senado le introduce cambios? El expediente vuelve a la Cámara baja y quedan 4 días hasta el vencimiento del 30 de noviembre, sin sesión prevista en Diputados, de modo que en la práctica el texto caducaría.

¿Hay alguna forma de corregir el texto sin devolverlo? Es lo que planteó el senador José Mayans en la sesión del 19 de noviembre de 2026: que el Senado lo apruebe tal como está y que el Poder Ejecutivo introduzca los ajustes al promulgarlo. Es una vía posible pero todavía no acordada.

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