Hipódromo de Palermo permanecerá bajo jurisdicción federal argentina
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió mantener la jurisdicción estatal nacional sobre el Hipódromo de Palermo, rechazando los reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que buscaba asumir competencias sobre el complejo. La decisión judicial consolida la medida cautelar que permite al Estado Nacional mantener autoridad para controlar, fiscalizar y eventualmente clausurar actividades dentro del predio hípico porteño.
El fallo fue dictado por la Sala IV de la Cámara y acogió expedientes presentados por Hapsa y La Yungeré, los operadores principales del hipódromo. La resolución reconoce la complejidad jurisdiccional que ha caracterizado la disputa desde prácticamente el inicio de la concesión, otorgada a Hapsac en 1992 con una duración inicial de 25 años, posteriormente extendida por 10 años adicionales. La prórroga vence durante 2027, aunque existe la posibilidad de una nueva extensión por cinco años más.
Paralelamente, la Cámara instó a ambas partes a arbitrar medios para que la cuestión de fondo respecto a la jurisdicción definitiva se resuelva sin mayor dilación. Esta recomendación judicial refleja el interés institucional en cerrar una controversia que ha generado incertidumbre administrativa durante años, afectando la estabilidad operativa del complejo y la claridad normativa aplicable.
La estructura regulatoria del hipódromo establece roles diferenciados según actividades. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires asumió funciones de contralor en modalidades de casino, reemplazando a la Lotería Nacional en esa esfera. Sin embargo, las carreras de caballos requieren supervisión especializada de entidades internacionales reconocidas como la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, France Galop, la Autoridad Británica de Carreras de Caballos y la Organización Sudamericana de Fomento.
En Latinoamérica, los hipódromos con operación de casinos representan establecimientos de importancia estratégica para las jurisdicciones que los albergan. Argentina consolida su enfoque regulatorio mediante claridad jurisdiccional y participación estatal en la supervisión de estas operaciones, un modelo que refuerza la protección de intereses públicos mientras permite continuidad operativa de establecimientos con décadas de tradición en mercados regionales consolidados.
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