Presión legislativa en BA por apuestas online y ludopatía
La parálisis administrativa en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ha generado una reacción en cadena entre legisladores de diversos bloques, quienes buscan forzar el debate sobre la seguridad en el ecosistema digital. Ante la demora en la puesta en marcha de la recientemente creada comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, se han reflotado 12 iniciativas que pretenden blindar el mercado y proteger, fundamentalmente, a los sectores más vulnerables de la población bonaerense.
El escenario actual es complejo. Mientras este nuevo espacio de trabajo legislativo tiene la misión de fiscalizar y regular las nuevas tecnologías aplicadas al juego, las disputas internas por la conformación de las comisiones han impedido que se dictamine sobre temas sensibles como el patrocinio y la publicidad. En este contexto, la urgencia por establecer reglas claras ha llevado a los parlamentarios a insistir con proyectos que van desde la prohibición total de la publicidad hasta la implementación de tecnologías de reconocimiento facial.
Propuestas para una reestructuración del marco legal
Uno de los planteos más disruptivos proviene del diputado Ricardo Lissalde, integrante del Frente Renovador. Su iniciativa propone derogar de forma inmediata cualquier norma que regule el juego online en la provincia, argumentando que el marco actual nació de una irregularidad legislativa. Lissalde cuestiona que la regulación vigente se haya incluido dentro de una Ley de Presupuesto en 2019, una herramienta que por definición tiene vigencia anual y no debería contener artículos de carácter permanente, lo que a su juicio vicia la legalidad de la actividad tal como se conoce hoy.
En una línea de regulación más técnica, el diputado Diego Garciarena, jefe de la bancada UCR + Cambio Federal, impulsa el fortalecimiento de las licencias provinciales. Su proyecto exige que cualquier sitio que opere en territorio bonaerense cuente con sistemas obligatorios de validación biométrica y reconocimiento facial. Esta postura es compartida por Romina Braga, de la Coalición Cívica, quien además de proponer la verificación en tiempo real para el acceso, busca prohibir expresamente el uso de tarjetas de crédito para cargar saldo, intentando frenar el endeudamiento de los usuarios.
El foco en la protección de menores y la educación
La ludopatía juvenil es el eje que mayor consenso parece generar, aunque con distintos matices en las soluciones propuestas. Valentín Miranda (UCR) ha presentado un megaproyecto que unifica diversas preocupaciones transversales. Su texto de 25 páginas propone, entre otros puntos, impedir la participación de deudores alimentarios en las apuestas y obligar a un registro detallado por jugador en cada plataforma autorizada, reforzando la trazabilidad de la operación.
Por su parte, el legislador Carlos Puglelli apunta directamente contra el marketing de las casas de apuestas. Su propuesta busca prohibir cualquier pieza publicitaria que tenga a adolescentes como protagonistas o que sugiera que el azar puede mejorar el rendimiento intelectual o físico. En sintonía con esto, la diputada Ayelén Rasquetti insiste en la necesidad de campañas preventivas en el ámbito escolar y capacitaciones específicas junto a la Dirección General de Cultura y Educación. Rasquetti también propone que toda publicidad lúdica incluya obligatoriamente la advertencia sobre los daños del juego compulsivo para el entorno familiar.
Asistencia y prevención desde el Estado
La salud mental y la contención directa también forman parte del paquete de leyes reflotadas. Alejandra Lordén, presidenta del bloque UCR, busca crear una campaña de concientización masiva que abarque medios radiales, televisivos y digitales, enfocada específicamente en los riesgos de las apuestas virtuales para niños y adolescentes. En una dirección complementaria, Silvana Vaccarezza propone la creación de una línea telefónica gratuita de asesoramiento y contención que brinde asistencia psicológica y derivación a institutos especializados para padres y víctimas de ludopatía.
Desde otros sectores, como el peronismo representado por Leonardo Moreno, se insiste en un marco regulatorio integral que no solo prevenga conductas lesivas, sino que actúe con firmeza contra el fraude y el lavado de activos, imponiendo sanciones severas a las firmas que incumplan la ley. Finalmente, Juan Esper, desde el bloque Derecha Popular, sostiene una de las posturas más restrictivas al proponer la prohibición total de la promoción y publicidad de operadores online, considerándolo un paso fundamental para mitigar las consecuencias sociales del trastorno del juego.
A pesar de que el pasado 24 de febrero se anunció la creación de la comisión especial para abordar esta problemática con celeridad, la falta de acuerdos políticos mantiene estas 12 iniciativas en espera. La comunidad empresarial y civil sigue de cerca este proceso, entendiendo que la regulación del mercado online en la provincia de Buenos Aires requiere de una actualización que deje de depender de conveniencias temporales para convertirse en una política de Estado sostenible.
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