Proponen prohibir la publicidad de apuestas en Santa Fe
El proyecto que la diputada provincial Alicia Azanza ingresó en la Cámara de Diputados de Santa Fe propone dar vuelta por completo el enfoque vigente sobre la publicidad del juego. En lugar de convivir con avisos que llevan leyendas de advertencia o con un manual de buenas prácticas, la provincia pasaría a un régimen de prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio de juegos de azar y apuestas en todo su territorio.
Para eso, el texto interviene sobre tres normas provinciales. Deroga el primer artículo de la ley 12.991, que solo obligaba a incluir advertencias sobre los riesgos del juego en las piezas publicitarias; reescribe el artículo 20 de la ley 14.235 de juego en línea, para dejar atrás el esquema de autorregulación y pasar a una veda total; y retoca el artículo 21 de la ley 14.293 sobre ludopatía, de modo de suprimir las excepciones que hasta hoy habilitaban los avisos autorizados por la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe.
El alcance de la prohibición es amplio. Comprende cualquier modalidad de juego, presencial u online, y todo soporte de difusión, desde medios gráficos, radiales y televisivos hasta la vía pública, los eventos deportivos, internet, las redes sociales, las aplicaciones, los servicios de mensajería y las acciones de influencers y creadores de contenido. También prohíbe expresamente el patrocinio de equipos, clubes, deportistas y espectáculos cuando busque promocionar operadores o apuestas. La única salida prevista son las campañas institucionales, educativas, sanitarias o de prevención difundidas por organismos públicos, junto con las comunicaciones orientadas a la asistencia, el tratamiento y la autoexclusión.
En sus fundamentos, Azanza planteó que las apuestas se volvieron omnipresentes, en la televisión, la radio, las redes, las camisetas de los clubes y las recomendaciones de influencers, y que se presentan como un juego o una oportunidad pese a esconder una problemática que afecta la salud de muchas personas y familias, sobre todo de los más jóvenes, a la vez que objetó que el Estado advierta sobre los peligros del juego compulsivo mientras habilita que quienes lucran con la actividad inciten a jugar. Si la iniciativa avanza en las comisiones y se convierte en ley, el Poder Ejecutivo provincial tendría noventa días para adecuar las reglamentaciones vigentes, bajo un régimen de sanciones que va del retiro de contenidos y las multas hasta la clausura temporal de establecimientos habilitados.
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