Tres magnates acechan Casino Puerto Madero: gremios paralizan las
Tras el fallo de la Corte que dejó la concesión en el aire, el Gobierno porteño acelera la licitación. Achával, Benedicto y Lao Hernández se perfilan como los candidatos, pero el conflicto con el SOMU por 300 despidos amenaza la operación.
El Casino Flotante de Puerto Madero navega, quizás por primera vez en su historia, sin rumbo fijo y en medio de un temporal. Lo que fue la joya de la recaudación del juego en Buenos Aires hoy se encuentra atrapada en un limbo jurídico y operativo que exige una resolución urgente por parte de Lotería de la Ciudad (LOTBA).
La situación se volvió insostenible en marzo de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró arbitrarias las prórrogas que mantenían con vida una concesión vencida originalmente en 2019. Sin el paraguas de las medidas cautelares, el Gobierno porteño descartó la idea de estatizar la operación y decidió que el camino es una nueva licitación pública competitiva para recuperar el flujo de caja fiscal.
La batalla de los tres gigantes
Con el negocio en juego, tres pesos pesados de la industria ya mueven sus fichas en los despachos oficiales para quedarse con la operación.
El primero en la lista es el español Manuel Lao Hernández, figura histórica de Cirsa y conocedor del paño, quien busca mantener su influencia en la UTE que opera actualmente el barco. Enfrente tiene a dos competidores locales de enorme peso: Federico de Achával, el hombre fuerte del Hipódromo de Palermo (HAPSA) y socio de la exitosa plataforma BetWarrior; y Ricardo Benedicto, titular de Inverclub y referente indiscutido de Casino Club.
Aunque las reuniones con el Ejecutivo porteño son constantes, todavía no hay humo blanco. La Ciudad busca un operador que garantice inversiones y modernización para transformar al casino en un activo turístico sostenible, más allá del juego puro y duro.
Fuego cruzado con los sindicatos
Mientras los empresarios discuten el futuro contrato, el presente es caótico. El clima laboral en los barcos es de máxima tensión. De los 3.500 empleados que tiene el complejo, el conflicto más agudo lo protagoniza el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), liderado por Raúl Durdos.
La razón técnica es que, al estar sobre el agua, una parte del personal se rige por convenios marítimos. El gremio ha denunciado más de 300 despidos y ya activó un plan de lucha que incluye la interrupción de servicios y el bloqueo de los salones VIP de apuestas altas. La amenaza de un paro por tiempo indeterminado está sobre la mesa, sumando presión a una administración que necesita resolver la ecuación legal antes de que la conflictividad social hunda la rentabilidad del negocio.
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