Un proyecto busca vetar las apuestas online a deudores alimentarios
Quien le debe la cuota alimentaria a sus hijos ya no puede entrar a un casino bonaerense, y ahora podría quedar también fuera de las plataformas de apuestas. Viviana Guzzo, diputada de Fuerza Patria, presentó un proyecto que les prohíbe a las personas anotadas en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia abrir, conservar o usar una cuenta en plataformas de juego de azar y de apuestas por internet, una restricción que también caería sobre quienes responden en forma solidaria por esa deuda.
Las operaciones vedadas están enumeradas. Según informó el medio especializado Diputados Bonaerenses, de aprobarse la norma los alcanzados no podrían abrir cuentas nuevas en las plataformas habilitadas en territorio bonaerense, ni conservar o utilizar las que ya tengan, ni hacer depósitos, ni realizar apuestas.
El camino técnico pasa por dos leyes. La iniciativa modifica la 15.079, que ordena el juego de azar y las apuestas online de la provincia, y la 13.074, que ordena el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios, de modo que los deudores queden incorporados a la lista de personas con participación prohibida y que se amplíen las operaciones que caen bajo las restricciones del registro.
En los fundamentos la legisladora apunta a la disponibilidad permanente del canal digital. Guzzo sostiene que la idea es dejar afuera del juego de azar por vía electrónica, informática y de telecomunicaciones a quien no cumple con la cuota alimentaria, y advierte sobre el riesgo de que recursos familiares terminen puestos en apuestas en detrimento de las responsabilidades parentales.
El antecedente provincial es reciente y ya está vigente. En diciembre de 2025 la Legislatura bonaerense convirtió en ley la prohibición de entrar a casinos, a bingos y a salas de juego habilitadas para quienes están incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Ley 15.589 le asigna al personal de esos establecimientos la tarea de impedir el acceso y al Ejecutivo la de supervisar el cumplimiento, con sanciones que escalan del apercibimiento a la clausura temporaria y a la definitiva según la gravedad y la reincidencia. Las estadísticas públicas que cita el proyecto indican que a diciembre de 2025 el registro bonaerense tenía 6.127 personas inscriptas, y que el 98,1 por ciento eran varones.
Del otro lado del límite provincial ya hay una versión digital funcionando. En agosto de 2026 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una ley que a los deudores alimentarios les cierra la posibilidad de abrir cuenta, de conservarla, de depositar, de apostar y de retirar dinero en las plataformas autorizadas del distrito, y que obliga a los operadores a verificar en tiempo real si el usuario figura en el registro correspondiente.
El proyecto además no llega solo. Entra en una agenda legislativa bonaerense ya cargada, donde Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto acaban de presentar un megaproyecto de 64 artículos para armar un régimen integral de regulación y de prevención de la ludopatía, con controles biométricos reforzados, topes al tiempo de sesión y al acceso, recortes publicitarios, prohibición de bonos e incentivos y nuevos aportes económicos para políticas sanitarias y para entidades sociales y deportivas. El oficialismo quiere llevarlo a un plenario de comisiones la semana próxima.
La diferencia entre el modelo presencial y el digital es operativa y no declarativa. La Ley 15.589 se apoya en que un empleado mire la puerta, mientras que una prohibición online solo funciona si la plataforma consulta el registro en tiempo real antes de cada operación, que es exactamente lo que la norma porteña ya exige y lo que este proyecto necesitaría para no quedar en el papel. Vale además poner la escala en contexto, porque 6.127 inscriptos son una fracción mínima frente a un mercado que la propia Legislatura estimó la semana pasada en US$1.656m mensuales, de modo que el efecto fiscal de la medida es prácticamente nulo y su valor real es preventivo, el de sumar una barrera más sobre un perfil de riesgo ya identificado por el Estado.
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