Brasil busca destrabar R$767 M. en premios a atletas y clubes
El Congreso brasileño ha puesto en marcha una serie de reuniones para resolver el impasse que mantiene paralizada la distribución de R$767 millones en recursos derivados de las apuestas deportivas, destinados a atletas, clubes y federaciones.
De acuerdo con la Ley 14.790/23, promulgada en diciembre de 2023, parte de las ganancias del segmento de apuestas deportivas debe destinarse al pago de derechos de imagen y a entidades deportivas nacionales. Sin embargo, la norma no establece con precisión cómo deben repartirse los fondos, lo que ha generado incertidumbre entre los beneficiarios.
El director jurídico de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), Pietro Lorenzoni, explicó que el dinero está actualmente depositado en una cuenta especial “a la espera de las reglas de distribución”. Según detalló, las transferencias a los comités olímpicos y a organizaciones sociales como APAE, Pestalozzi y Cruz Roja se encuentran al día, pero los montos dirigidos al deporte profesional permanecen congelados.
“Queremos pagarlo, pero necesitamos saber a quién y en qué cantidad. Para eso, necesitamos esta regla de distribución”, afirmó Lorenzoni, recordando que los 35 operadores miembros de la ANJL transfirieron R$2.100 millones a entidades beneficiarias solo en el primer semestre de 2025.
El debate ha revelado divisiones entre los distintos actores involucrados. Mientras las casas de apuestas sostienen que los recursos son de naturaleza privada, representantes del Ministerio de Deportes y de la Federación Nacional de Atletas Profesionales de Fútbol (Fenapaf) argumentan que se trata de fondos públicos que deben distribuirse con criterios oficiales.
El presidente de la Fenapaf, Jorge Borçato, defendió que el fútbol reciba prioridad, al ser el deporte con mayor volumen de apuestas. “Más del 50 % de las apuestas están directamente relacionadas con el atleta: una tarjeta amarilla, un gol. Esa es nuestra lucha: que el atleta reciba más”, subrayó, proponiendo un proyecto de ley que establezca los porcentajes de reparto.
Desde el ámbito olímpico, el tricampeón de judo Rafael “Baby” Silva, vicepresidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Brasileño (COB), propuso canalizar los fondos a través de un fondo descentralizado, siguiendo el modelo de la Ley Audiovisual (Ley 8.685/93). La medallista paralímpica Verônica Hipólito apoyó esta propuesta, al considerar que permitiría una gestión más equitativa entre los distintos deportes.
Por su parte, el abogado Leonardo Costa, especialista en derecho deportivo, sugirió crear un organismo similar al ECAD (Oficina Central de Recaudación y Distribución), que administre de forma transparente los derechos y pagos derivados de las apuestas.
El Ministerio de Deportes ya intentó resolver el conflicto mediante una consulta pública y un decreto ejecutivo, pero sin éxito. Según el secretario nacional de fútbol, Patrick Corrêa, se estudian alternativas legislativas, incluida la presentación de un nuevo proyecto de ley o la revisión de los vetos pendientes a la Ley General del Deporte (14.597/23).
La presidenta de la Comisión de Deportes, la diputada Laura Carneiro (PSD-RJ), hizo un llamado al consenso y afirmó que la prioridad es garantizar seguridad jurídica tanto a los atletas como a los operadores. “Estamos aquí para escuchar a todos y decidir el mejor camino, sea modificando la legislación vigente o elaborando una nueva norma”, declaró.
Por el momento, la distribución de los R$767 millones continúa bloqueada, mientras el Congreso evalúa cómo definir un marco legal que asegure la correcta asignación de los fondos sin frenar el desarrollo del nuevo mercado regulado de apuestas deportivas en Brasil.
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