Brasil debate proyecto de ley que prohibiría publicidad de apuestas
La Cámara de Diputados brasileña analiza una propuesta legislativa que buscaría endurecer significativamente las reglas para la promoción de apuestas de cuota fija en el país. El Proyecto de Ley 2.989/2026, presentado por la diputada Dandara, propone modificaciones sustanciales a la Ley 14.790/2023, que estableció el marco regulatorio actual del sector.
La iniciativa plantea la prohibición de publicidad de operadores de apuestas en televisión, radio, internet, redes sociales, plataformas digitales, podcasts y servicios de streaming. También restriccionaría acciones promocionales realizadas por influencers, atletas, artistas y celebridades, así como contenido patrocinado, programas de afiliados y otras formas de comercialización vinculadas a las marcas del sector.
El proyecto avanza sobre los acuerdos de patrocinio al impedir la presencia de marcas de apuestas en uniformes deportivos, estadios, recintos deportivos, competiciones y transmisiones de eventos. Además, prohibiría contratos de naming rights asociados a operadores del mercado. En cuanto a estrategias de captura de usuarios, las empresas quedarían impedidas de ofrecer bonos de bienvenida, reembolsos, créditos promocionales, giros gratis ni otros incentivos destinados a atraer o retener apostadores.
En la justificación del proyecto, la diputada sostiene que la regulación vigente no ha logrado contener el impacto de la expansión de las apuestas en la sociedad. Argumenta que la publicidad del sector suele asociar la actividad con ideas de éxito económico, enriquecimiento rápido y entretenimiento, contribuyendo a normalizar el juego entre amplios sectores de la población.
El proyecto permitiría únicamente comunicaciones estrictamente informativas como avisos sobre reglas de funcionamiento, advertencias sobre riesgos de la actividad, mensajes de juego responsable y mecanismos de autoexclusión, siempre que no incluyan elementos promocionales. El régimen de sanciones incluye multas, suspensión de campañas, eliminación de contenidos, suspensión temporal de operación y revocación de licencia en casos graves. Se contempla un período de transición de 180 días para adaptar contratos vigentes.
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