Brasil fija cómo decomisar mil millones de reales de apuestas
Hay más de 1.000 millones de reales, unos 193 millones de dólares, bloqueados por operaciones de apuestas ilegales en Brasil, y hasta ahora no había un camino administrativo claro para decomisarlos. La Ordenanza 1.287/2026 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el MJSP, lo creó. La firmó el miércoles 2 de septiembre el ministro Wellington César Lima e Silva y ya está vigente.
El expediente queda en manos de la Senasp, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, y dentro de ella de la dirección general que administra el Fondo Nacional de Seguridad Pública, la DGFNSP. Esa dependencia recibirá la documentación que le gire la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, analizará cada caso y dictará una primera decisión.
El procedimiento tiene garantías incorporadas. Tres funcionarios como mínimo integran el comité que mira la evidencia y redacta un informe. Después corren los plazos, quince días para que el afectado conteste y diez más para apelar ante el titular de la cartera. Los casos en los que se resuelva que corresponde el decomiso pasan a la AGU, que evaluará las medidas legales a tomar. Un punto importante es que la decisión administrativa no transfiere el dinero a la Unión de forma automática, hace falta que lo resuelva un juez.
El destino de esos fondos es lo que explica el interés del Ministerio. Chico Lucas, secretario nacional de Seguridad Pública, sostuvo que ese dinero serviría para engrosar el fondo y para que los estados y el Distrito Federal inviertan más en infraestructura, en tecnología y en capacidad de operación. Camila Pintarelli, directora de gestión del fondo, puso el acento en otra cosa, en que la norma aporta seguridad jurídica y habilita que recursos surgidos de las apuestas ilegales terminen financiando prevención, atención y protección.
Una vez que un fallo judicial los incorpore al patrimonio de la Unión, los fondos quedan registrados y bajo supervisión de esa dirección general. La Senasp definirá cómo se aplican según las reglas presupuestarias y su propia planificación, y dará prioridad, donde se pueda, a girar el dinero de fondo a fondo hacia los estados y el Distrito Federal. El seguimiento no se limita a lo ya decomisado: abarca también lo bloqueado y lo que esté bajo revisión judicial, con informes e indicadores de gestión.
La norma prevé además qué hacer si el análisis destapa otra cosa. Cualquier indicio de otras actividades ilegales debe comunicarse a quien corresponda. Si aparecen delitos, el caso va al Ministerio Público y a la policía; si lo que asoma toca créditos fiscales, el expediente se gira a la Fiscalía General de la Nación y al Servicio de Impuestos Internos.
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