El IBJR pide concentrar el combate al juego ilegal en Brasil
El Instituto Brasileño para el Juego Responsable IBJR salió a marcar agenda en el debate público y se pronunció sobre la campaña Bloqueo en Tigrinho, impulsada por artistas y organizaciones de la sociedad civil. El planteo de la entidad fue directo: los esfuerzos para combatir los problemas asociados al juego deberían concentrarse en las plataformas ilegales, no en los operadores autorizados por el Gobierno Federal. La intervención llega en un momento sensible, con buena parte de la opinión pública mirando al sector regulado con suspicacia y con un congreso brasileño donde conviven proyectos para endurecer la actividad y otros para prohibir parte del catálogo de casino.
El IBJR sostiene que el llamado juego depredador, mencionado por los promotores del Bloqueo en Tigrinho, está vinculado directamente al mercado ilegal, donde las plataformas operan sin controles, sin obligaciones de cumplimiento y sin herramientas pensadas para proteger al consumidor. Frente a ese escenario, la entidad reclama claridad institucional para no meter en la misma bolsa a las casas autorizadas y a los operadores clandestinos que pelean por el mismo jugador con reglas distintas.
El operador regulado, con un cuaderno de obligaciones extenso
Como contracara, el instituto recordó que los operadores autorizados en Brasil, identificados por el dominio .bet.br, están sujetos a un conjunto exigente de obligaciones regulatorias: prohibición de pagos con tarjetas de crédito y criptomonedas, procesos obligatorios de identificación y reconocimiento facial, mecanismos de autoexclusión, límites de juego, controles de depósitos y medidas orientadas a prevenir conductas problemáticas. La diferencia operativa entre un .bet.br y una plataforma clandestina es estructural y, según el IBJR, debería ordenar la lectura política del debate.
La entidad sostuvo que la regulación es hoy la principal herramienta para proteger la salud financiera y mental de los apostadores brasileños y respaldó su posición con datos. Citó un estudio elaborado por el Instituto Locomotiva y LCA Consultoria que estima que las plataformas clandestinas movilizan entre R$26.000 millones y R$40.000 millones, equivalentes a US$5.000 millones y US$7.700 millones, y generan pérdidas estimadas en R$10.800 millones anuales para las cuentas públicas. El tamaño del mercado ilegal explica buena parte de los problemas sociales que la sociedad civil le atribuye al juego online sin distinguir entre canales.
Publicidad, influencers y el desafío de comunicar al jugador
El otro frente que tocó el IBJR fue la publicidad. La entidad afirmó que las restricciones deberían centrarse en los operadores ilegales, ya que son ellos los que recurren a influencers y canales digitales sin ningún tipo de control para captar usuarios, muchas veces sin informar adecuadamente sobre los riesgos asociados al juego. La crítica apunta a un fenómeno que viene preocupando a reguladores y entidades de juego responsable en toda la región: el uso de creadores de contenido para promocionar plataformas que no están sujetas a las obligaciones de un licenciatario.
El instituto cerró su intervención manifestando disposición a colaborar con los organizadores de la campaña Bloqueo en Tigrinho, aportando información técnica para enriquecer el debate sobre la regulación del sector. Para el ecosistema latinoamericano, el planteo del IBJR funciona como un manual de defensa institucional del operador regulado en escenarios de presión política. Argentina, Chile, Colombia, Perú y México atraviesan discusiones similares respecto del juego ilegal y del rol de la publicidad, y la postura del instituto brasileño aporta un marco argumental claro: combatir al mercado clandestino, ordenar la publicidad por canal y diferenciar al actor regulado del jugador informal. Una receta que la región empieza a necesitar conforme se consolidan los mercados regulados.
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