Hacienda quiere tratar las apuestas como al tabaco en Brasil
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva volvió a marcar distancia de las apuestas online, esta vez por boca de su ministro de Hacienda. En una entrevista con Rádio Metrópole, de Bahía, Dario Durigan afirmó que al presidente no le gustan las plataformas y que, si dependiera de él, ya habría terminado con la actividad, un sentimiento que el propio ministro dijo compartir. Aun así, aclaró que la estrategia oficial no apunta a una prohibición directa sino a endurecer la regulación y los controles.
La clave del planteo es evitar que un cierre de golpe empuje a los jugadores hacia el mercado clandestino. Durigan sostuvo que el desafío es construir un camino de mayor rigor sin darle oxígeno a los operadores ilegales, y por eso el Gobierno descarta, al menos por ahora, cualquier proyecto para eliminar las apuestas. La definición se suma a las recientes declaraciones de Lula, que días atrás había reclamado a las plataformas una razón social que justificara su permanencia y había planteado terminar con la actividad si no la tenían.
Para explicar el origen del problema, el ministro apuntó al período que va de 2018, cuando se autorizaron las apuestas de cuota fija, a 2023, cuando arrancó el marco regulatorio vigente. En esos años, dijo, las plataformas operaron prácticamente sin reglas y aprovecharon para instalarse en el fútbol, las confederaciones, la publicidad, la radio y la televisión hasta ganar un lugar sólido en la economía. Con esa lectura, defendió el trabajo iniciado en 2023 para ordenar lo que describió como la anarquía heredada de las gestiones de Michel Temer y Jair Bolsonaro.
De cara a las próximas medidas, Durigan trazó un paralelo que anticipa la orientación oficial: tratar las apuestas como al tabaco. Recordó que los cigarrillos soportan una tributación alta y que Brasil es citado como un caso exitoso en la reducción del tabaquismo, y propuso replicar esa lógica de impuestos elevados y restricciones progresivas para bajar el consumo sin sacar la actividad de la legalidad. El endurecimiento ya se percibe en distintas medidas, entre ellas nuevas restricciones publicitarias y mecanismos para limitar el acceso de ciertos grupos, y según los datos que citó el ministro ya hay 5 millones de personas impedidas de apostar por los bloqueos oficiales y otras 1,2 millones que pidieron la autoexclusión, lo que suma 6,2 millones de excluidos de las plataformas reguladas.
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