La ANJL mide cuántos beneficiarios sociales apuestan en São Paulo
Uno de cada cinco beneficiarios de programas sociales que dejaron las plataformas reguladas, ya sea por un bloqueo del Gobierno o por decisión propia, terminó apostando en sitios clandestinos. Ese es el dato que más preocupa a la industria legal brasileña dentro de una encuesta que, en su titular, muestra otra cosa, ya que el 83,47 por ciento de los beneficiarios consultados en 39 ciudades de la Región Metropolitana de São Paulo dijo no haber hecho nunca una apuesta de cuota fija.
El relevamiento fue realizado por Cruz Consulting entre el 3 y el 4 de septiembre, por encargo de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), y sus resultados se publicaron el 9 de septiembre. Del total de entrevistados, el 12,63 por ciento contó que apostó en el pasado pero ya no lo hace y el 3,9 por ciento sigue apostando. Dentro del grupo que alguna vez usó estas plataformas, el 21,97 por ciento pidió la baja por iniciativa propia y el 5,49 por ciento señaló que fue el Gobierno federal el que le bloqueó el acceso.
El presidente de la ANJL, Plínio Lemos Jorge, pidió leer con cuidado las cifras de endeudamiento y no caer en generalizaciones, porque a su entender el endeudamiento de los hogares brasileños responde a múltiples causas y no se le puede cargar sin más al juego. Lemos Jorge remarcó que la gran mayoría de los beneficiarios entrevistados nunca pasó por una plataforma de apuestas, aunque admitió que el desvío hacia operadores ilegales merece atención y que la respuesta debe combinar herramientas de protección para el jugador con una lucha sostenida contra la oferta clandestina.
La encuesta llega mientras el Gobierno federal aplica las restricciones de acceso para quienes cobran el Bolsa Família y el Beneficio de Prestación Continua (BPC). Los datos del Ministerio de Hacienda indican que ya son más de 3 millones las personas de esos dos programas impedidas de acceder a las plataformas de cuota fija, una restricción que se aplica por orden del Supremo Tribunal Federal (STF). El mecanismo obliga a las empresas autorizadas a consultar el CPF de cada persona que intenta registrarse a través del Sistema de Gestión de Apuestas (Sigap), que indica si el usuario recibe alguno de los beneficios que lo excluyen de forma automática.
La ANJL agrupa a operadores del mercado regulado de apuestas de Brasil, que funciona con licencias federales desde enero de 2025. Su estudio se suma a un debate sobre apuestas y endeudamiento que sumó esta semana otra voz, la de Bradesco BBI, que en un informe sectorial calificó como marginal el riesgo de la deuda vinculada a las apuestas, aunque recordó que el 82 por ciento de las familias brasileñas tiene algún tipo de deuda. En paralelo, el Gobierno avanza con nuevas exigencias sobre el diseño de las plataformas, dentro de una etapa de endurecimiento regulatorio del sector.
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