La SPA obliga a bloquear cuentas de apuestas ilegales en 24 horas
Veinticuatro horas. Ese es el plazo que tendrán los bancos y las instituciones de pago brasileñas para congelar una cuenta desde que reciban la notificación de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA). La nueva ordenanza del organismo, firmada por su secretaria Daniele Correa Cardoso, traslada el combate contra las apuestas ilegales al terreno donde realmente duele, que es el del dinero.
El texto no se limita a los operadores. Obliga a las instituciones de pago a montar mecanismos capaces de detectar también a las personas físicas y jurídicas que funcionan como intermediarias, esas cuentas puente que reciben, mueven o giran fondos en nombre de las plataformas sin licencia.
Para eso define un catálogo de señales de alerta. Cuentan como indicio el goteo constante de giros chicos o medianos, la actividad que se amontona en franjas puntuales, un salto brusco en lo operado y los importes que no cierran con el rubro declarado por quien los cobra. Hay un criterio todavía más directo: el texto que acompaña al pago, cuando ahí asoman palabras como apuesta, juego, bono, crédito, premio, recarga o el nombre de una casa.
Un capítulo aparte se ocupa de quienes ya fueron alcanzados y buscan seguir operando. Ahí la norma manda vigilar qué pasa después de un bloqueo: si se abren cuentas nuevas, si el flujo se muda al nombre de otra persona o de otra firma, si las claves Pix y los códigos QR se renuevan sin descanso, o si asoma un intermediario distinto que reproduce el comportamiento ya identificado.
La SPA se reservó además la posibilidad de mirar hacia afuera del sistema financiero. Un reclamo de un consumidor, un aviso publicitario, una nota periodística, un dato aportado por otra autoridad o cualquier registro público confiable pueden servirle para vincular un nombre con la operación de apuestas sin permiso.
Los tiempos quedaron escritos. Cada entidad dispone de un máximo de 45 días para cerrar el examen de un caso dudoso. Si de ahí surge que hay explotación sin licencia, o que alguien maniobra para zafar de una restricción, el aviso a la SPA tiene que salir dentro del día hábil posterior. El modo concreto de enviarlo quedó pendiente de una instrucción normativa que todavía no se publicó.
Del otro lado, cuando la secretaría confirme una operación irregular deberá labrar un acta donde consten quién es el operador, qué pruebas se juntaron, con qué sitios y aplicaciones trabaja y en qué entidades tiene abiertas sus cuentas. Ese documento habilita la notificación de bloqueo, y desde que llega empiezan a correr las 24 horas para dejar inmóvil el saldo y, en paralelo, para cortar toda transacción nueva que le sirva al operador, sea de manera directa o por interpósita persona. La respuesta a ambas órdenes vence a las 48 horas y debe incluir cuánto dinero quedó retenido, de qué cuentas se trata, cuáles se cerraron y con qué trabas se encontró el banco por el camino. Al cliente hay que decirle, además, de dónde salió la orden.
El destino final de esos fondos es la parte más pesada de la norma. La SPA remitirá los datos de las cuentas bloqueadas a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y ese material puede alimentar un proceso administrativo de decomiso, es decir, el traspaso al Estado de recursos obtenidos de forma ilícita, siempre con la garantía de que el titular pueda defenderse en regla dentro de ese trámite. A la notificación de bloqueo se le puede adosar además una advertencia sobre responsabilidad tributaria solidaria.
La adaptación tiene su propio reloj. Las instituciones alcanzadas contarán con 30 días desde la publicación de la instrucción normativa que reglamente el sistema de comunicación para ajustar sus procesos de envío de información. El texto se publicó el lunes y manda al archivo a su antecesor, la Ordenanza SPA/MF n.º 566 de marzo de 2025, que abordaba el asunto con mucha menos precisión.
La SPA es el organismo del Ministerio de Hacienda que otorga las licencias y fiscaliza el mercado de apuestas de cuota fija, regulado en Brasil desde el 1 de enero de 2025. El endurecimiento del control financiero llega mientras el propio presidente cuestionó públicamente al Banco Central por no detectar movimientos masivos de Pix hacia casas de apuestas, en un momento en que el peso del mercado ilegal se estima en torno a cuatro de cada diez reales apostados en el país.
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