Lavado de dinero: fintechs y apuestas en Brasil deben cerrar brechas
El mes de septiembre en Brasil no solo marca la llegada de la primavera, sino también la intensificación del debate sobre el combate al lavado de dinero en el sector financiero y de apuestas. A finales de agosto, tres grandes operaciones conjuntas de la Policía Federal, la Receita Federal y el Ministerio Público de São Paulo lograron un hito histórico: por primera vez, las autoridades alcanzaron los niveles más altos del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor facción criminal del país, y desmantelaron su estructura financiera, que movía miles de millones de reales anualmente.
El esquema de lavado de dinero del PCC era sofisticado y escalonado. Inicialmente, los criminales adulteraban y comercializaban combustibles, gestionando más de mil estaciones de servicio en todo Brasil. Las ganancias ilícitas se depositaban en fintechs, que luego transferían los fondos a inversiones y fondos inmobiliarios, algunos con sede en la emblemática avenida Faria Lima, el corazón financiero de São Paulo. Las investigaciones demostraron que estos fondos servían para blindar y ocultar el dinero del crimen, pero antes de llegar a ellos, los recursos pasaban por fintechs, como evidenció la Receita Federal.
El auge de las fintechs, empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros innovadores y accesibles, democratizó el acceso a productos antes reservados a la banca tradicional. Sin embargo, la falta de regulación y supervisión permitió que muchas fueran creadas con fines ilícitos, especialmente para el lavado de dinero. Entre las principales vulnerabilidades del sector destacan: la opacidad sobre el beneficiario final (quién es el verdadero dueño de la fintech), la existencia de empresas registradas en paraísos fiscales sin control, el riesgo de liquidez (si el dinero desaparece, los inversores pierden todo) y una regulación históricamente débil, que permitía crear fintechs con facilidad.
En el contexto del iGaming, la relación entre fintechs y casas de apuestas se divide en dos: el mercado regulado, protegido por normativas como la Portaria SPA/MF 566/25, que obliga a instituciones financieras y sistemas de pago a rechazar cuentas de operadores ilegales y reportar sospechas en 24 horas; y el mercado ilegal, carente de gobernanza y compliance, donde las apuestas recurren a fintechs que operan en la ilegalidad, utilizando sistemas de pago fuera del radar del Banco Central y la Receita Federal. La regulación se ha fortalecido con la Portaria SPA/MF 1.143/2024, específica para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD-FTP).
La combinación de ambas normativas marca un antes y un después: obliga a rechazar operadores ilegales, reportar inmediatamente casos sospechosos y monitorear continuamente las cuentas transaccionales de apuestas. El mercado ilegal sobrevive intentando evadir el rastreo del dinero. Una táctica común es el uso de “cuentas-bolsón”, donde la fintech figura como titular, pero esconde múltiples subcuentas no identificadas. Además, empresas fachada han adquirido servicios de BaaS (Banking as a Service) para ofrecer medios de pago al mercado ilegal de apuestas, detectados solo por movimientos millonarios en horarios atípicos.
Para mitigar estos riesgos, expertos recomiendan seis medidas inmediatas para operadores y fintechs: reforzar la debida diligencia sobre proveedores; automatizar e integrar procesos KYC/AML con bases oficiales; monitorear la geolocalización para detectar VPNs y proxies; auditar continuamente las cuentas transaccionales; invertir en equipos de compliance enfocados en PLD; y adoptar KPIs ejecutivos de riesgo comprensibles para la alta dirección. Entre los KPIs sugeridos para traducir el impacto del PLD a los consejos directivos destacan: tasa de aprobación versus tasa de fraude, tiempo medio de respuesta a alertas de PLD, exposición financiera por fallas de rastreo y volumen de transacciones bloqueadas preventivamente.
Tras el impacto de las operaciones contra el PCC, la Receita Federal publicó una Instrucción Normativa que equipara a las fintechs con los bancos, obligándolas a reportar información financiera de sus clientes y ampliando la capacidad de rastreo de delitos tributarios y lavado de dinero. El mensaje para los operadores de apuestas es claro: conocer a sus proveedores, fortalecer el compliance e invertir en prevención de lavado de dinero es fundamental. De lo contrario, cualquier esfuerzo por mantener una buena imagen puede verse destruido por la asociación con un socio equivocado.
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