Lula dice tener dos tercios de la decisión ya tomada
Lo más elocuente de la reunión que Luiz Inácio Lula da Silva encabezó el martes 1 de septiembre en el Palacio del Planalto fue quiénes no estuvieron. Faltó la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, que es el organismo que regula y fiscaliza el mercado. Faltaron también la Asociación Nacional de Juegos y Loterías y el Instituto Brasileño de Juego Responsable, que representan a las empresas con licencia. Cuatro horas de debate sobre el futuro de las apuestas online sin el regulador ni los regulados en la sala.
Al salir, el presidente dijo tener dos tercios de la decisión ya tomada, sin aclarar cuál. No confirmó si entre las opciones está prohibir la actividad, aunque días antes él mismo había dicho que debía prohibirse. Explicó que convocó al encuentro para escuchar a la sociedad antes de resolver, y no decidir solamente desde su propia lectura.
El diagnóstico oficial fue que lo hecho hasta ahora no alcanza. Así lo planteó Miriam Belchior, ministra jefa de la Casa Civil, cuando señaló que el Gobierno se ocupó de regular y fiscalizar pero que ese camino no está dando resultado.
Los números presentados explican la urgencia. Más de 1,2 millones de personas ya pidieron bloquear su acceso en la plataforma federal de autoexclusión. En el frente ilegal, 37 fintechs fueron notificadas por movimientos financieros ligados a apuestas clandestinas, y también se contactó a Apple y Google por la presencia de plataformas sin autorización en sus tiendas. Las investigaciones del Ministerio de Hacienda junto con la Policía Federal apuntan a esquemas que habrían movido hasta 50.000 millones de reales, unos 9.700 millones de dólares, con conexiones hacia el crimen organizado.
El ministro de Salud, Alexandre Padilha, encuadró el asunto como un problema sanitario y detalló lo que ya montó el sistema público. El ministerio elaboró una guía para identificar y tratar los casos, abrió 20.000 vacantes para capacitar profesionales y tuvo que abrir otras 20.000 porque la demanda desbordó lo previsto. La atención psicológica pasó de unas 600 consultas mensuales a una capacidad de 100.000, con contrataciones que podrían llegar a dos millones de consultas. Padilha propuso además tratar la publicidad de apuestas como Brasil trató en su momento la del tabaco, que es el antecedente que convirtió al país en referencia mundial en ese combate.
La posición más incómoda fue la del ministro de Deportes, Paulo Henrique Cordeiro, cuya cartera es de las más beneficiadas por el dinero del sector. Reconoció que unos 500 millones de reales, alrededor de 96,6 millones de dólares, ya se transfirieron al deporte en el primer semestre, y aun así dijo que después de escuchar los impactos discutidos en la reunión se le hace difícil defender la actividad. Anticipó que podría ser crucificado por sectores del deporte por decirlo, y evitó pronunciarse sobre una eventual prohibición, que a su juicio le corresponde definir al presidente.
Desde el comercio llegó una advertencia parecida. Leandro Domingues Teixeira, vicepresidente financiero de la Confederación Nacional del Comercio, contó que los empresarios empezaron a reportar clientes que dejan de pagar sus cuentas y recortan consumo por las apuestas. Su entidad pidió más control estatal, menos plataformas habilitadas, persecución de las clandestinas, topes a los montos apostados y reglas más duras de publicidad, y calificó la prohibición como una decisión extrema pero necesaria.
Lula cerró volviendo sobre el bolsillo de las familias. Vinculó el crecimiento de las apuestas con sus propias políticas de ingresos, la suba del salario mínimo y la ampliación del mínimo no imponible, y sostuvo que parte de ese dinero termina apostado. Agregó que la deuda por juego suele quedar oculta, porque quien la tiene no se anima a decir de dónde viene.
El Gobierno seguirá discutiendo el tema y habrá una nueva reunión. Las entidades del mercado regulado, entre ellas la ANJL, la Asociación de Mujeres de la Industria del Gaming y ABRAJOGO, cuestionaron el carácter unilateral del debate y reclamaron estar presentes en las próximas instancias, con la discusión apoyada en datos técnicos y oficiales.
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