Lula: Estado bloqueará cuentas de apuestas ilegales en Brasil
El pasado martes 24 de marzo de 2026, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la denominada Ley Antifaccional, una normativa diseñada para fortalecer el combate contra el crimen organizado y las milicias en el país. Dentro de este nuevo marco legal, se han integrado disposiciones críticas que apuntan directamente a desarticular la estructura financiera de las apuestas no autorizadas. La legislación modifica la Ley 14.790/2023 y establece que las instituciones financieras y de pago tienen ahora la obligación de bloquear las cuentas de depósito y cualquier registro a nombre de operadores que actúen de forma irregular en el mercado brasileño.
Esta nueva ordenanza exige que las entidades de pago impidan la realización de cualquier transacción que busque viabilizar, ya sea de manera directa o indirecta, la explotación de loterías de apuestas de cuota fija sin licencia. Aunque la medida es contundente, la ley aclara que el bloqueo debe respetar el debido proceso administrativo, garantizando el derecho a la defensa de los interesados. Además, se especifica que estas acciones no deben perjudicar el reembolso de los montos que legítimamente pertenezcan a los apostadores. La definición de los procedimientos técnicos para ejecutar estos bloqueos quedará bajo la supervisión conjunta del Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
Los recursos que sean declarados como perdidos en favor de la Unión, incluyendo lo recaudado por multas, impuestos y sanciones derivadas de la actividad ilegal, tendrán un destino vinculado al Fondo Nacional de Seguridad Pública. Este fondo es la herramienta principal del gobierno para financiar operativos y estrategias de protección ciudadana en todo el territorio nacional. De esta manera, el Estado busca que los activos derivados de la informalidad en el juego se reinviertan directamente en el fortalecimiento de la seguridad pública.
En el ámbito de la fiscalización digital, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda asumirá la tarea de recibir y gestionar información sobre indicios de fraudes electrónicos en el sector. La SPA mantendrá una base de datos pública con el listado de los operadores autorizados, lo que servirá para alimentar y cruzar información con los sistemas de prevención de fraude de los bancos. Asimismo, las instituciones que participan en el sistema Pix deberán desarrollar y aplicar mecanismos de detección para identificar patrones de uso sospechosos vinculados a apuestas no permitidas, siguiendo los lineamientos técnicos del Banco Central.
La legislación también introduce un componente de responsabilidad para quienes participan en la cadena de promoción de estas plataformas. Los influencers, agencias de publicidad y empresas de marketing podrán ser sancionados administrativa y legalmente si difunden o monetizan contenidos de apuestas ilegales, siempre que exista un conocimiento inequívoco de la irregularidad del operador. Según la normativa, este conocimiento se da por sentado si existe una notificación formal previa, una decisión administrativa o si la condición de irregularidad del agente promocionado es de notoriedad pública a través de canales oficiales.
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