Un estudio cifra en 15.500 los empleos que deja la prohibición
El costo de la prohibición brasileña ya tiene una cifra de empleo. Un estudio de LCA Consultoría encargado por el Instituto Brasileño de Juego Responsable cuenta 42 actividades económicas alcanzadas de forma directa o indirecta por la Medida Provisional 1.394/2026, una red que el año pasado sostuvo más de 15.500 puestos de trabajo, con R$460m (US$92m) al año en salarios directos y otros R$87m (US$17,4m) de cargas sociales.
Lo que el informe describe no es un sector sino una cadena. El relevamiento incluye desarrollo de software, ciberseguridad y servicios corporativos en un extremo, y marketing, producción de eventos y patrocinio deportivo en el otro, de modo que el apagón del canal de apuestas arrastra proveedores que nunca tomaron una apuesta.
El argumento más repetido desde el sector regulado es la falta de previsibilidad. Las empresas habían desembolsado sumas considerables para ponerse a tono con lo que el marco anterior pedía en compliance, en protección al consumidor y en tecnología, y ahora enfrentan el corte abrupto de contratos que estaban en curso por miles de millones de reales.
Hay además un costo que sobrevive al cierre. Terminar la actividad no libera a las plataformas, que deben sostener estructura operativa y gasto durante al menos cinco años, el plazo en que les toca resguardar datos y responder a los requerimientos de la Secretaría de Premios y Apuestas, una carga que complica cualquier reactivación si la norma caduca.
La Asociación Brasileña de Influencia Digital puso el foco en el eslabón publicitario. Para la entidad, un cambio normativo de esa magnitud golpeó de lleno a agencias, creadores de contenido, medios y clubes deportivos. La asociación admite que frenar el endeudamiento del consumidor y proteger a los menores son objetivos legítimos, pero sostiene que fiscalizar, educar y perseguir en serio a los operadores clandestinos habría funcionado bastante mejor que una prohibición total.
El riesgo que reúne a todos los firmantes es el desplazamiento del mercado. Apagar el sector regulado no apaga la demanda, de manera que los flujos de dinero y de audiencia se corren hacia plataformas sin licencia, sin tributación y sin mecanismos de juego responsable, con lo que el cuadro económico e institucional empeora justamente en el terreno que la norma decía querer ordenar.
Conviene registrar quién encargó el estudio, porque el IBJR reúne a los operadores afectados por la medida y la estimación de empleo viene de una parte interesada en revertirla. Hecha esa salvedad, el dato de los cinco años es el que más cambia la ecuación para una licenciataria que decide si mantiene su sociedad brasileña con vida mientras el Congreso define, ya que los ingresos se cortaron de golpe y los costos de cumplimiento siguen corriendo. Esa asimetría, más que el número de empleos, es lo que vuelve urgente para el sector el trámite parlamentario de la medida provisoria.
Etiquetas: prohibición de apuestas en Brasil, IBJR, LCA Consultoría, empleo en el igaming