La fiscalía chilena pedirá hasta 25 años de prisión para casino ilegal
El Ministerio Público de Chile formalizó su acusación contra la red imputada por operar cinco casinos ilegales en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, y se prepara para llevar el caso a juicio oral. La fiscal a cargo, Pamela Lillo, especializada en delitos económicos, solicitó penas que van desde los 540 días hasta los 25 años de prisión para los diez acusados, en una de las causas más relevantes de los últimos años contra el juego clandestino en el sur del país.
La acusación se construye sobre cuatro figuras penales centrales. La fiscal imputa los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, comercio ilegal y administración fraudulenta, una combinación que apunta a desarmar el entramado completo del negocio y a perseguir tanto a los dueños de los locales como a quienes participaron en la circulación y blanqueo del dinero generado por las salas.
La pena más elevada se reserva para el presunto líder de la organización, Marlo Alarcón Opazo, sobre quien recae la solicitud de 25 años. Investigaciones previas del Ministerio Público en esta misma causa habían revelado depósitos diarios de entre 20 y 40 millones de pesos chilenos por parte de los responsables de los locales, además del uso de centros de estética y otros negocios formales como vehículos para lavar las ganancias del juego ilegal.
El caso de Concepción es especialmente sensible porque ocurre en un país que todavía no aprobó la ley de juego online y donde la oferta presencial está concentrada en un puñado de operadores autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Mientras la SCJ avanza con la licitación de las salas de Viña del Mar, Pucón, Iquique y Coquimbo y enfrenta cuestionamientos sobre los procesos de adjudicación, la fiscalía pone en evidencia que el circuito clandestino encontró espacio en ciudades importantes del sur, con un volumen económico relevante.
La causa funciona como una referencia para el debate regional. En Argentina, Ecuador, Brasil y otros mercados con marcos parciales o en transición, las redes de casinos clandestinos suelen mezclar lavado de activos, vínculos con economías paralelas y administraciones fraudulentas, replicando el patrón que ahora la fiscal Lillo intenta probar en juicio. Para los reguladores latinoamericanos, el precedente chileno marca la línea de cómo la justicia penal puede acompañar la política regulatoria del juego más allá de las sanciones administrativas.
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