Apuestas ilegales costaron US$ 8 M a salud Santander en 2025
La salud pública de Santander volvió a quedar en el centro del debate sobre los efectos económicos del juego clandestino en Colombia. El gerente de la Lotería de Santander, Herwing Peña Ordóñez, confirmó que durante 2025 el departamento dejó de recibir más de COP30.000 millones, equivalentes a unos US$ 8 millones, que debían destinarse al sistema sanitario regional. La cifra refleja el costo directo de la venta de chance ilegal, las rifas clandestinas y la circulación de billetes apócrifos de lotería.
El dirigente fue contundente al describir el problema. Explicó que todas las utilidades de los juegos de suerte y azar van destinadas a la salud de los santandereanos y que cada operación ilegal implica recursos que el departamento simplemente nunca recibe. La paradoja es evidente, mientras los hospitales reclaman inversión, una porción cada vez más amplia del consumo de juego ocurre por fuera del circuito regulado.
Un mercado paralelo en expansión
Según las estimaciones de la Lotería, el negocio ilegal de apuestas mueve cerca de COP45.000 millones anuales en Santander. El chance ilegal sería el rubro más expandido, con una participación cercana al 50 por ciento del mercado total, mientras que la venta de lotería apócrifa concentraría entre el 12 y el 13 por ciento de la actividad clandestina detectada en el departamento. La tendencia, advierte la propia entidad, sigue creciendo año tras año.
El vínculo con el crimen organizado
Peña Ordóñez fue más allá del impacto fiscal y planteó la preocupación por el destino real de ese dinero. Una parte importante de las ganancias del juego clandestino, sostuvo, termina alimentando a grupos vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. La narrativa coincide con la lectura que vienen haciendo otros entes departamentales en Colombia, que ven en el juego no regulado un vehículo eficaz para el lavado de capitales y la financiación de economías criminales.
Para responder al avance del mercado paralelo, la Gobernación de Santander convocó una mesa de trabajo con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría, la Alcaldía de Bucaramanga, operadores legales como Apuestas La Perla y la propia Lotería de Santander. El objetivo es trazar una hoja de ruta común para controlar la venta callejera, reforzar los operativos y recuperar parte de los recursos que deberían sostener al sistema de salud.
El caso santandereano funciona como una postal del desafío que enfrentan las loterías oficiales en buena parte de Latinoamérica. De Bogotá a Lima, pasando por Buenos Aires y Santo Domingo, los reguladores intentan contener un mercado ilegal que crece al ritmo de la digitalización y de la baja percepción del riesgo, en un escenario donde cada peso desviado al circuito clandestino se traduce en menos camas, menos personal médico y menos medicamentos para la población más vulnerable.
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