La lotería ilegal le resto a la salud más de USD 8 millones en 2025
Las autoridades del departamento colombiano de Santander encendieron una alarma sobre el impacto fiscal y social del juego ilegal. El gerente de la Lotería de Santander, Herwing Peña Ordóñez, confirmó que durante 2025 el departamento dejó de recibir más de COP 30.000 millones, alrededor de USD 8,1 millones, destinados al sistema de salud pública como consecuencia de las apuestas y loterías ilegales que circulan por fuera del marco regulado.
La cifra fue revelada durante una reunión liderada por la Gobernación de Santander, en la que participaron el secretario del Interior departamental, Óscar, y otros representantes del Ejecutivo regional. Según las estimaciones de la Lotería, el negocio ilegal de apuestas en Santander mueve cerca de COP 45.000 millones al año, una porción del cual se desviaba en condiciones normales hacia el aporte solidario que financia la red hospitalaria colombiana.
El panorama más crítico se da en el chance ilegal, que ya representaría alrededor del 50% del mercado local y continúa creciendo cada año. La modalidad opera con vendedores informales, redes que replican la operación de las loterías oficiales y sistemas digitales que aprovechan la familiaridad cultural del producto. La venta de lotería ilegal, por su parte, estaría entre el 12% y el 13% del total de apuestas clandestinas detectadas en el departamento.
El problema no es exclusivo de Santander, pero se vuelve políticamente sensible en un país donde Coljuegos y las loterías departamentales sostienen el principal mecanismo de financiamiento de la salud a través del juego. Cada peso que se va al circuito ilegal es, en la lectura oficial, un peso que se le resta a hospitales, programas de salud pública y atención a poblaciones vulnerables, una ecuación que la propia regulación colombiana asume desde su diseño normativo.
El caso refuerza un debate latinoamericano de fondo. En Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil, las loterías nacionales y subnacionales argumentan que la mejor forma de combatir al juego ilegal es fortalecer la oferta regulada, ampliar canales digitales y reforzar la cooperación entre reguladores, fuerzas de seguridad y el sistema bancario para cerrar el flujo de pagos a operadores no autorizados. Santander, con su factura millonaria sobre la salud pública, se suma a una serie de evidencias regionales que muestran que la batalla contra el juego clandestino se gana o se pierde en la operación cotidiana del mercado.
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