Petro oficializa nuevo gravamen del 16% a las apuestas digitales
El Gobierno de Colombia ha tomado una medida drástica para fortalecer las arcas públicas ante la crisis climática y económica que golpea actualmente a departamentos como Chocó, La Guajira, Antioquia y Córdoba. A través de un nuevo decreto presidencial, se ha establecido la creación de un Impuesto Nacional al Consumo (INC) del 16 por ciento que recae directamente sobre la actividad de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. Esta decisión se produce en un momento de alta tensión presupuestaria, luego de que el Congreso de la República recortara 10 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para el año 2026 y fracasaran los intentos previos de aprobar leyes de financiamiento por más de 16 billones de pesos.
La administración de Gustavo Petro justifica este nuevo tributo señalando la "elevada capacidad contributiva" del sector del iGaming, el cual ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años a pesar de las fluctuaciones macroeconómicas. Según el Ejecutivo, la ausencia de un impuesto nacional al consumo para las plataformas digitales generaba una distorsión competitiva injusta frente a los casinos físicos y las salas de juego tradicionales, que ya soportan cargas tributarias considerables destinadas al sistema de salud pública. Los recursos obtenidos mediante este nuevo gravamen tendrán un destino específico: financiar las obras de mitigación y la atención a los damnificados por las graves inundaciones que afectan a diversas regiones del país.
Estructura técnica y base gravable del nuevo tributo
A diferencia de otros impuestos que gravan el depósito inicial, el diseño de este INC del 16 por ciento se enfoca en el rendimiento operativo de las plataformas. La normativa establece que la base gravable se calculará sobre los ingresos brutos, conocidos en la industria como GGR. La fórmula aplicada para determinar el monto a pagar cada bimestre será la siguiente:
GGR = Total de las apuestas - Premios pagados
Este cálculo incluirá todas las modalidades de juego operadas tanto desde Colombia como desde el exterior que alcancen al público local. Además, la base gravable contempla cualquier forma de ingreso de dinero por parte del usuario, abarcando desde el efectivo y las transferencias bancarias hasta el uso de criptoactivos. Con esta estructura, el Ministerio de Hacienda busca asegurar que la recaudación sea proporcional a la rentabilidad real de los operadores autorizados y evitar fugas de capital en el entorno digital.
El desafío jurídico frente a la Corte Constitucional
El anuncio ha generado un inmediato debate legal debido a los precedentes recientes. Durante el año 2025, la Corte Constitucional suspendió los decretos 1390 y 1474 que intentaban implementar medidas similares, argumentando que no se cumplían los requisitos de excepcionalidad exigidos por la Constitución para saltarse el trámite legislativo ordinario. No obstante, el actual Ejecutivo sostiene una postura firme: la crisis climática que enfrentan hoy departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena representa una situación excepcional nueva y distinta a las anteriores, lo que otorgaría la facultad necesaria para emitir decretos con fuerza de ley en materia tributaria.
La rapidez con la que se implemente este impuesto dependerá de la revisión de constitucionalidad que realice el alto tribunal. Mientras tanto, el gobierno ha otorgado facultades especiales a alcaldes y gobernadores para agilizar el uso de estos recursos, complementando el paquete de medidas con créditos sin intereses y alivios para deudores bancarios en las zonas afectadas. La industria, por su parte, observa con cautela cómo este nuevo costo operativo impactará en la competitividad del mercado regulado colombiano, que hasta ahora se consideraba uno de los más estables de la región.
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