Justicia blinda Licencias Maestras y limita su responsabilidad
Un fallo del Tribunal de Apelaciones revoca una sentencia previa y establece que titulares como Gaming Services Provider (GSP) no son responsables de las deudas de sus sublicenciatarios una vez extinguido el vínculo comercial. La decisión pone fin a la incertidumbre sobre reclamos retroactivos.
Mientras Curazao avanza hacia su nuevo ecosistema regulatorio, los tribunales de la isla siguen resolviendo los conflictos heredados del viejo sistema. En una decisión que sienta un precedente clave para la industria, un tribunal de apelaciones ha fallado a favor de un titular de licencia maestra (Master License), delimitando hasta dónde llega su responsabilidad legal frente a los jugadores.
El caso enfrentaba a Gaming Services Provider (GSP) contra un usuario del sitio topbet.eu, operado en su momento por la empresa Orient Power Holdings bajo una sublicencia de GSP. El demandante reclamaba US$ 123.000 en ganancias impagas e inició acciones legales en 2022, cinco años después de que el contrato entre GSP y el operador hubiera finalizado (el vínculo estuvo activo entre 2015 y 2017).
El fin del "Deber de Cuidado" perpetuo
En primera instancia, la justicia había fallado a favor del jugador, argumentando que GSP había incumplido un "deber especial de cuidado" al no supervisar al operador, incluso después de terminada la relación contractual. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones destruyó este argumento.
Los jueces fueron categóricos: en la legislación de Curazao no existe ninguna norma que obligue al titular de una licencia maestra a vigilar a un ex-sublicenciatario una vez que el contrato ha vencido. Al no existir vínculo jurídico vigente en el momento de la demanda, no hay responsabilidad solidaria. Este punto es crucial porque protege a los dueños de las licencias maestras de convertirse en aseguradores eternos de operadores que ya no controlan.
Sin pruebas y fuera de tiempo
El fallo también desestimó la demanda por cuestiones probatorias. El tribunal señaló que el jugador no pudo demostrar que las ganancias reclamadas se hubieran generado durante el período en que la sublicencia era válida. Además, GSP argumentó con éxito que su política de retención de datos es de cinco años, por lo que al ser contactados en 2022 por hechos de 2017 o anteriores, ya no contaban con registros para verificar el reclamo.
Otro aspecto relevante de la sentencia fue la ratificación de la legalidad del modelo de negocio anterior. Los jueces rechazaron la idea de que fuera ilegal otorgar sublicencias a empresas extranjeras (como Orient Power), aclarando que la exigencia de estar radicado en Curazao aplicaba al titular de la licencia maestra, no a sus operadores internacionales.
Con la anulación de la sentencia de primera instancia, el demandante fue condenado a pagar las costas judiciales de GSP, enviando un mensaje claro sobre la viabilidad de futuros litigios extemporáneos en la jurisdicción.
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