Denuncian presuntos sobornos por la ley de juego dominicana
El proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en República Dominicana sumó una fuerte controversia. Representantes de la Fundación Primero Justicia y dueños de bancas de apuestas denunciaron un supuesto movimiento de dinero destinado a favorecer la aprobación de la iniciativa, en una manifestación frente al Congreso Nacional en la que rechazaron el texto por considerar que facilitaría la instalación y legalización de miles de establecimientos que hoy operan fuera de las normas.
El presidente de la fundación, Miguel Surún Hernández, pidió a la Procuraduría General de la República que investigue ese presunto flujo de grandes sumas de dinero y advirtió que, de comprobarse la entrega de fondos a legisladores para impulsar el proyecto, podría configurarse un hecho penado por la ley. Los manifestantes alertaron además que la iniciativa, que debe volver al Senado tras su aprobación en Diputados, permitiría legalizar más de 20.000 bancas que, según sus denuncias, funcionan en violación de las regulaciones, algunas incluso cerca de escuelas e iglesias, y cuestionaron que la reforma pudiera beneficiar sobre todo a un grupo reducido de concesionarias, con impacto en la sociedad y en particular entre los menores.
Desde el sector también se sumaron reclamos concretos. La presidenta de la Asociación de Bancas de Santo Domingo Este, Carmen Minaya, pidió al Ministerio Público y al Ministerio de Hacienda que investiguen la instalación de bancas a menos de 200 metros de centros educativos y otras instituciones, y aseguró haber presentado denuncias y documentación sobre locales que seguirían operando pese a incumplir las reglas vigentes, además de señalar a varias concesionarias por presuntamente pagar premios y ofrecer juegos virtuales fuera de la normativa. Minaya también advirtió por la apertura de nuevos puntos en Santo Domingo Este y reclamó hacer cumplir las normas actuales antes de aprobar otras, junto con el desmonte de las bancas que no respeten las distancias establecidas. Los manifestantes pidieron, por último, que el Congreso convoque a las autoridades del sector para que expliquen qué medidas tomaron frente a estas denuncias.
El proyecto en cuestión, de origen en el Poder Ejecutivo, apunta a dotar al país de su primer marco integral para los juegos de azar y ya fue aprobado con cambios por la Cámara de Diputados, por lo que debe regresar al Senado para su revisión final. La iniciativa contempla, entre otros puntos, la creación de un organismo regulador autónomo, una moratoria de diez años para nuevas bancas y un proceso de regularización de los operadores existentes, en un mercado con fuerte presencia de establecimientos informales que es, justamente, el trasfondo de las denuncias.
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