Diputados de República Dominicana aprueban la ley de juegos de azar
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó, en dos lecturas consecutivas y con trámite de urgencia, el proyecto de ley que regula los juegos de azar, con modificaciones sobre el texto que el Senado había aprobado previamente. La iniciativa deberá regresar ahora a la Cámara Alta para que se evalúen los cambios incorporados.
El proyecto establece un marco legal para la autorización, la fiscalización y la supervisión de las personas físicas y jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades vinculadas a los juegos de azar y las apuestas, tanto en establecimientos físicos como a través de plataformas electrónicas. Entre sus principales disposiciones crea la Dirección General de Juegos de Azar como organismo autónomo encargado de regular, supervisar y fiscalizar el sector, incorpora un régimen de licencias con una vigencia de diez años para los distintos operadores y establece medidas para prevenir el fraude, el lavado de activos y la participación de menores de edad.
La normativa también fija nuevas restricciones para la ubicación de los establecimientos de juego, que no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, universidades, hospitales, iglesias, cuarteles y otros edificios públicos, y dispone distancias mínimas entre bancas de apuestas y agencias hípicas, mientras que los casinos ubicados en hoteles quedan exentos de esas limitaciones. Otro punto destacado indica que, una vez publicado el registro oficial de licenciatarios, no podrán otorgarse nuevas licencias para establecimientos de juegos de azar durante un período de diez años, con excepción de los casinos emplazados en hoteles y zonas turísticas.
La Cámara de Diputados introdujo además diversas modificaciones al articulado, entre ellas ajustes en las causales de cancelación de licencias, precisiones sobre el régimen de publicidad y patrocinio, y la incorporación de disposiciones vinculadas a la comercialización de juegos electrónicos y a las funciones de intermediación de la futura dirección general. La iniciativa contempla un sistema de infracciones administrativas clasificadas en leves, graves y muy graves, junto con sanciones penales que pueden alcanzar hasta diez años de prisión para quienes operen sin licencia, manipulen apuestas o resultados, promuevan juegos ilegales o incumplan las normas de prevención del lavado de activos.
La aprobación en Diputados representa un nuevo avance para una reforma que busca modernizar el marco regulatorio del sector. En junio, el Senado había dado media sanción al proyecto tras fusionar dos iniciativas presentadas por los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista, con el objetivo de unificar la legislación vigente y reforzar la supervisión estatal sobre la industria de los juegos de azar en el país.
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