República Dominicana: 64 tragamonedas ilegales destruidas en Santiago
Bajo la dirección de la Fiscalía de Santiago y con apoyo de inteligencia policial, se ejecutó el desmantelamiento de equipos operados irregularmente en comercios. Las autoridades advierten sobre el grave impacto del juego no regulado en menores de edad.
El Ministerio Público de la República Dominicana ha reafirmado su compromiso con la erradicación de las apuestas ilegales. En un operativo coordinado por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, se procedió a la destrucción de 64 máquinas tragamonedas que habían sido incautadas en diversos puntos de la ciudad.
La acción contó con el respaldo estratégico de la Sub-Dirección Regional Cibao Central de Inteligencia (Dintel) y la Policía Preventiva. Según detalló la fiscal Merary Guzmán, directora del departamento responsable, los equipos (junto con sus tarjetas y software) fueron decomisados en establecimientos no autorizados, tales como colmados, cafeterías, billares y bancas de lotería.
Violación a la normativa vigente
La fiscal Guzmán fue enfática al recordar que la operación de estos artefactos fuera de los casinos y salas reguladas constituye una violación directa a la Ley 29-06. Esta normativa es la que rige la expedición de licencias para juegos de azar en el país, y cualquier explotación fuera de este marco es considerada una acción delictiva.
“Con estas actuaciones, el Ministerio Público, como órgano llamado también a prevenir el crimen y el delito, procura erradicar el uso irregular de estas tragamonedas”, señalaron desde la Fiscalía.
Protección del menor: El foco preventivo
Más allá de la sanción administrativa y penal, las autoridades pusieron el foco en la responsabilidad social. La presencia de tragamonedas en comercios de barrio facilita el acceso de niños, niñas y adolescentes al juego, un riesgo que Guzmán calificó como el inicio de un "círculo vicioso".
La exposición precoz al azar sin regulación puede derivar en dependencias tempranas y, eventualmente, en la comisión de otros ilícitos para sustanciar el hábito. “Asumimos con responsabilidad y transparencia nuestro rol como Ministerio Público sin escatimar esfuerzos para proteger a la sociedad”, concluyó la fiscal.
Con esta movida, República Dominicana envía una señal clara de tolerancia cero ante la oferta de juego que no cumple con los estándares de seguridad y protección al usuario exigidos por la ley.
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