Respaldan la ley de juego dominicana pero piden ajustes
El proyecto de ley que busca dar a República Dominicana su primer marco integral para los juegos de azar sumó un respaldo con reparos. El abogado especializado José Castillo consideró que la iniciativa ayudaría a ordenar una actividad que durante años funcionó bajo normas dispersas, aunque advirtió que el texto contiene errores y disposiciones que convendría modificar antes de ponerlo en marcha.
Castillo explicó que el país nunca tuvo una legislación general sobre el juego, sino que la actividad quedó regulada de manera fragmentaria a través de leyes de presupuesto, decretos y resoluciones. A su juicio, una norma específica permitiría fijar controles más claros, ordenar el funcionamiento de los operadores y reforzar la fiscalización de las loterías y las apuestas. El especialista puso números sobre la dimensión del sector informal: contó unos 30.750 permisos de bancas de lotería, pero estimó que los puntos de venta en funcionamiento superan los 100.000, a los que se sumarían alrededor de 25.000 máquinas o dispositivos usados para comercializar números sin autorización, una brecha que perjudica tanto al Estado como a los operadores que sí cumplen con sus obligaciones.
En una entrevista en el programa 55 Minutos, conducido por Julissa Céspedes, el abogado diferenció el funcionamiento de las bancas deportivas del de las agencias hípicas, sujetas a regulaciones distintas, y sostuvo que las disposiciones del proyecto no necesariamente agravarían los problemas actuales del sector. Entre los puntos a revisar señaló la necesidad de crear reglas para controlar a los establecimientos que operan fuera de la ley, asegurar el cumplimiento tributario y establecer mecanismos que protejan a los menores de edad frente a los juegos de azar. También propuso la creación de una Dirección General de Juegos de Azar que concentre y fortalezca la fiscalización, y pese a sus observaciones pidió al Congreso avanzar con la aprobación, con la posibilidad de corregir disposiciones más adelante.
Uno de los aspectos que ganó atención es el régimen especial de descuentos previsto en el artículo 192, que permitiría a ciertos operadores reducir deudas acumuladas por impuestos y tasas hasta diciembre de 2025, siempre que hayan completado su regularización y registro. Ese mecanismo quedaría a cargo de la futura Dirección General de Juegos de Azar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos.
El proyecto ya fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados después de pasar por el Senado, y ahora debe regresar a la cámara alta para su revisión final. La iniciativa, de origen en el Poder Ejecutivo, apunta a reemplazar el esquema de normas dispersas por un marco único que cree un organismo regulador autónomo y ordene tanto el juego presencial como el digital, y su tratamiento se sigue de cerca porque busca cerrar años de vacío legal en un mercado con fuerte presencia de operación informal.
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