España financia 20 proyectos sobre juego problemático con USD 1,2 millones
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) de España formalizó la asignación de EUR 1.049.380 (equivalentes a USD 1,2 millones) a 20 proyectos de investigación centrados en la prevención y el análisis de los riesgos asociados al juego problemático. La resolución, publicada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, distribuye los fondos entre iniciativas seleccionadas durante el ejercicio 2025.
Las 20 propuestas financiadas fueron elegidas de un total de 42 presentadas por universidades, instituciones sanitarias, centros de investigación y desarrollo y entidades sin ánimo de lucro. La selección fue realizada por la Comisión de Evaluación de la DGOJ a partir de informes técnicos elaborados por la Agencia Estatal de Investigación, asegurando criterios de calidad científica y pertinencia regulatoria en cada proyecto aprobado.
Según el organismo regulador, las investigaciones financiadas apuntan a generar conocimiento aplicado sobre los trastornos vinculados al juego, desarrollar herramientas concretas de prevención y profundizar la comprensión de los factores de riesgo para distintos perfiles de jugadores. "Los resultados de estos proyectos contribuirán a seguir avanzando en el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia y orientadas a reforzar la protección de las personas jugadoras y la promoción de entornos de juego más seguros", señaló el organismo en un comunicado.
La convocatoria forma parte de un programa sostenido de apoyo a la investigación científica sobre el juego que la DGOJ mantiene de forma anual. En mayo de 2026, el regulador ya publicó la convocatoria correspondiente a ese ejercicio, dando continuidad al ciclo. Esta consistencia presupuestaria es una característica distintiva del enfoque regulatorio español, que combina la supervisión del mercado con la inversión sistemática en evidencia científica para fundamentar sus decisiones normativas.
Para el resto de Latinoamérica, el modelo español de financiación pública de investigación sobre juego problemático es un referente relevante. Brasil, Colombia y México cuentan con marcos regulatorios que incluyen obligaciones de juego responsable para los operadores, pero en pocos casos estos están respaldados por programas estatales de investigación de la escala y sistematicidad que muestra España. A medida que los mercados de la región maduran, la demanda de evidencia local sobre el impacto del juego y los perfiles de riesgo de sus jugadores crecerá de forma inevitable.
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