México apelará reapertura de casinos clausurados por lavado
El Gobierno mexicano confirmó que impugnará la resolución judicial que permitió la reapertura provisional de varios casinos vinculados al Grupo Salinas, clausurados en noviembre tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones de lavado de activos.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó la apelación ante la instancia correspondiente, buscando revertir la medida del juez federal Francisco Javier Rebolledo Peña, quien había concedido un amparo a la empresa Ganador Azteca S.A. de C.V., operadora de Bet365 y Betano en México. La decisión judicial ordenaba restablecer el funcionamiento de los casinos, desbloquear dominios y suspender temporalmente las restricciones administrativas aplicadas por el Gobierno.
Apoyo presidencial y fundamentos de la apelación
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó plenamente la acción de SEGOB.
“Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón para revertir la clausura, y por eso Gobernación ha impugnado la resolución”, afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional.
El Ejecutivo sostiene que la reapertura provisional contradice las evidencias presentadas por Hacienda y la UIF, que documentaron movimientos en efectivo de difícil justificación, flujos internacionales irregulares y uso de plataformas no supervisadas, todos indicadores típicos de esquemas de lavado.
Calendario judicial y próximos pasos
La disputa legal continuará el 8 de diciembre, cuando el Poder Judicial decidirá si concede o no una suspensión definitiva a la empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego.
La sentencia de fondo será dictada en enero de 2026, momento clave para definir el futuro de los casinos involucrados.
El origen del caso: 13 casinos bajo investigación
El operativo inicial de la Secretaría de Hacienda detectó irregularidades en 13 establecimientos ubicados en:
- Jalisco
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Baja California
- Estado de México
- Chiapas
- Ciudad de México
Estos salones de juego fueron clausurados tras sospechas de que eran utilizados para dispersar fondos, mover capitales entre jurisdicciones y operar sistemas de apuestas digitales sin supervisión regulatoria.
Un caso que marcará precedente
La impugnación presentada por SEGOB no solo busca frenar la reapertura provisional, sino también establecer un precedente sobre los límites regulatorios del sector y el alcance de las medidas de control financiero en actividades consideradas de alto riesgo para el lavado de dinero.
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