México enciende la alarma por 900 mil adolescentes apostando
El crecimiento de las apuestas online entre adolescentes mexicanos volvió al centro del debate político tras el llamado de la diputada Sughey Torres Rodríguez, del PRI, a abrir una discusión urgente sobre los vacíos regulatorios que permiten el acceso de menores a las plataformas de juego digital. La legisladora describió el fenómeno como una nueva adicción silenciosa, con consecuencias visibles sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
El dato que sostiene la alerta proviene de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Según ese relevamiento, casi siete de cada cien adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años participan en actividades de apuestas, una proporción que se traduce en más de 900 mil menores involucrados a nivel nacional. La cifra colocó al país frente a una realidad que crece de forma más rápida que sus mecanismos de control.
Torres advirtió que una parte importante de esos jóvenes ya presenta señales asociadas al juego problemático. Ansiedad, necesidad compulsiva de apostar, pérdida de control, ocultamiento de gastos, conflictos familiares y cuadros depresivos aparecen mencionados por especialistas como síntomas frecuentes en quienes empezaron a apostar siendo adolescentes. El cerebro juvenil, todavía en desarrollo, es señalado como particularmente vulnerable a los estímulos de recompensa inmediata.
El cuestionamiento apunta al diseño mismo de las plataformas. Los bonos de bienvenida, las promociones agresivas y los esquemas de recompensa inmediata, combinados con publicidad masiva en redes sociales, generan una experiencia pensada para sostener la participación constante. En ese contexto, los filtros de edad actuales resultan insuficientes, ya que los menores acceden mediante cuentas prestadas, billeteras digitales o datos de terceros, sortearon los controles formales que el mercado dice tener activos.
El planteo de la diputada no propone prohibir, sino reconocer que el desarrollo del mercado digital avanzó más rápido que la legislación. El marco vigente en México combina la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de 1947, con disposiciones administrativas posteriores, un mosaico que no contempla con precisión la dinámica de las casas de apuestas online ni los riesgos específicos de la exposición temprana de menores. Ese desfase regulatorio es el que la legisladora pide actualizar.
Para la industria del iGaming mexicano, la discusión es delicada. Operadores y asociaciones llevan años pidiendo una modernización del marco que aporte certeza jurídica, pero el debate público se concentra cada vez más en los riesgos sociales y en la protección de menores. Una eventual reforma deberá equilibrar habilitación formal, fiscalidad y obligaciones reforzadas de juego responsable, verificación de identidad y límites publicitarios.
El caso mexicano refleja una tensión que recorre buena parte de Latinoamérica. Brasil, Argentina, Colombia y Chile transitan, con distinto grado de avance, debates similares sobre publicidad, acceso de menores y prevención de ludopatía. En mercados emergentes donde la penetración del juego online crece a doble dígito, la presión política para acortar el desfase entre tecnología y regulación marcará la agenda de los próximos meses y obligará a la industria a anticiparse con autorregulación efectiva si no quiere enfrentar reformas escritas en clave restrictiva.
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