Panamá: ilegal contrato de lotería electrónica según Corte Suprema
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha dictado un fallo de gran impacto para el sector de los juegos de azar al declarar nula la normativa que regulaba la lotería electrónica en el país. Esta resolución judicial afecta directamente la continuidad de los populares juegos Lotto y Pega 3, dejando sin efecto la adenda número 5 suscrita en febrero de 2023 entre la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y la sociedad Scientific LLC, firma sucesora de Scientific Games International Inc.
La decisión de los magistrados implica un retroceso legal al contrato original firmado en marzo de 2013, invalidando las modificaciones que permitieron la puesta en marcha de estas modalidades electrónicas. En su momento, estos juegos fueron introducidos como productos complementarios a la oferta tradicional de la LNB, con sorteos programados para los días martes y sábados, y su comercialización se realizaba mediante dispositivos electrónicos operados exclusivamente por los billeteros oficiales.
El proceso legal se originó a partir de una demanda presentada por el abogado Pedro Meilán, quien cuestionó la transparencia y la legalidad de la prórroga contractual. El demandante argumentó que no es jurídicamente viable extender un contrato derivado de una licitación pública si la normativa vigente no contempla explícitamente dicha posibilidad. Según el dictamen judicial, la adenda anulada presentaba vicios graves, como la extensión injustificada de la vigencia del contrato a 10 años, la alteración del objeto contractual original y el otorgamiento de beneficios fiscales no autorizados.
Este revés judicial coincide con la postura crítica que ha mantenido el Órgano Ejecutivo respecto a este negocio. A mediados de 2024, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ya había manifestado su intención de eliminar la lotería electrónica tras considerar que estos productos generaban pérdidas económicas a las finanzas de la Lotería Nacional. Con este nuevo escenario, la LNB se enfrenta a la obligación de evaluar los efectos operativos inmediatos del fallo y determinar el futuro de la relación con el contratista bajo los términos estrictos de la ley.
La nulidad de esta modificación contractual abre un periodo de incertidumbre para los billeteros y para la propia estructura de recaudación de la institución benéfica. Mientras se definen los pasos a seguir, queda en evidencia la fragilidad de las extensiones de contratos públicos que no cumplen con los requisitos de transparencia exigidos por el máximo tribunal, marcando un precedente significativo para futuras licitaciones y concesiones de juegos de suerte y azar en el territorio panameño.
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