Panamá refuerza el juego responsable con biometría, bloqueos y limites
El Ejecutivo panameño dio luz verde a la Ley 527, una norma que reescribe el marco de juego responsable del país y empuja a casinos, salas tipo A y plataformas digitales hacia un esquema mucho más estricto de prevención. El texto fue publicado en la Gaceta Oficial el 28 de mayo y entra en vigencia con obligaciones claras para operadores presenciales y online, en un contexto en el que la región empieza a mover la regulación más allá del simple licenciamiento y se enfoca en el comportamiento del jugador.
El primer eje de la norma apunta directamente al producto. Las plataformas digitales deberán ofrecer herramientas configurables de límites de gasto y tiempo, sumadas a alertas automáticas que se disparen cuando se detecten patrones de comportamiento de riesgo. La intención es que las propias plataformas funcionen como una primera línea de detección y que el jugador tenga control sobre la frecuencia, el monto y la duración de sus sesiones, alineando a Panamá con prácticas que ya aplican mercados maduros de Europa.
Biometría obligatoria y reconocimiento facial
El segundo eje toca el control de identidad. La ley exige verificación biométrica para impedir el acceso de menores de 18 años a las plataformas de juego online, una preocupación creciente entre los reguladores latinoamericanos después de la masificación del juego móvil. Para los casinos físicos y las salas tipo A, la obligación es distinta pero igual de exigente: incorporar reconocimiento facial dentro de los sistemas de videovigilancia para identificar a las personas autoexcluidas por decisión de la Junta de Control de Juegos.
La Junta de Control de Juegos también gana herramientas para combatir el mercado negro. La Ley 527 le otorga facultades para ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a páginas web, aplicaciones, dominios e IP vinculados con operadores sin autorización. Los proveedores de internet y las telcos quedan obligadas a ejecutar esas órdenes, bajo apercibimiento de multas que pueden llegar al millón de dólares. La norma introduce además sanciones de entre USD 25.000 y USD 100.000 para operadores que incumplan las nuevas exigencias, con cancelación de licencia en caso de reincidencia.
Fondo de salud mental y auditorías anuales
Otro de los puntos clave es la creación de un fondo destinado a financiar tratamientos y programas vinculados al juego problemático. Los recursos provendrán de un 0,5 por ciento de los aportes que los operadores regulados realizan al Tesoro Nacional, serán administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas y se canalizarán hacia el Instituto de Salud Mental. La norma suma además auditorías anuales obligatorias a cargo de la Junta de Control de Juegos y le encomienda a los ministerios de Salud y Educación el desarrollo de contenidos preventivos para los centros educativos del país.
Para la región, la Ley 527 marca un patrón cada vez más visible en Latinoamérica: las nuevas regulaciones de juego ya no se limitan a definir quién puede operar, sino que avanzan sobre cómo se opera, qué tecnologías se deben usar para proteger al jugador y cómo se sostiene el ecosistema de prevención. Panamá se suma así a República Dominicana, Colombia y Perú en una camada de marcos regulatorios que combinan apertura comercial, presencia tecnológica obligatoria y aportes específicos al sistema de salud pública.
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