Perú: 134 millones de dólares en recaudación por juegos de azar en
La Sociedad Nacional de Juegos de Azar de Perú (SONAJA) reveló que la actividad generó ingresos fiscales por un total de 465 millones de soles el año pasado. Esta cifra, que representa aproximadamente 134,1 millones de dólares, pone de manifiesto el peso estratégico que este sector ha ganado en la economía nacional, consolidándose como una fuente relevante de recursos para el Estado.
Fernando Calderón, presidente del gremio, explicó en una entrevista reciente que una parte significativa de este aporte se reinvierte directamente en el país. En concreto, más de 120 millones de soles se destinaron a la promoción y el desarrollo de la infraestructura turística, lo que refuerza el concepto de "turismo de entretenimiento" como un motor que inyecta divisas y recursos a otras áreas productivas de la nación.
A pesar de estas cifras positivas en términos de recaudación, el sector de juego presencial atraviesa una etapa de contracción sostenida. Calderón advirtió que el número de locales operativos ha disminuido y los niveles de ingresos aún no logran recuperarse totalmente frente a los registros previos a la crisis sanitaria, lo que genera una presión adicional sobre los operadores que mantienen su formalidad.
Una de las principales batallas que libra SONAJA en la actualidad es el reconocimiento de los casinos como prestadores de servicios turísticos dentro de la nueva Ley General de Turismo. El gremio busca revertir su exclusión del texto aprobado, argumentando que su actividad es parte integral de la oferta recreativa para los visitantes. Simultáneamente, existe una profunda preocupación por lo que califican como una "sobrerregulación tributaria", centrada específicamente en la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) tanto en salas físicas como en el iGaming.
Para el presidente de SONAJA, la carga impositiva actual es antitécnica, ya que la industria ya soporta un impuesto especial de base. Alertó que un diseño fiscal mal ejecutado no solo pone en riesgo miles de puestos de trabajo, sino que paradójicamente termina reduciendo los ingresos del Estado al incentivar el uso de plataformas ilegales extranjeras. Calderón concluyó que una presión tributaria excesiva no elimina la demanda del usuario, sino que lo empuja hacia un mercado negro sin control, afectando la competitividad de las empresas formales y el bienestar del sector en su conjunto.
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