Comisión de Juegos PR debe tramitar licencias de tragamonedas en ruta
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan le dio un revés a la Comisión de Juegos de Puerto Rico y la obligó a recibir, aceptar y tramitar formalmente las solicitudes de licencia de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta. La decisión, firmada por la jueza superior Iris Cancio González, aceptó una petición de mandamus presentada por operadores que durante años denunciaron trabas para acceder al proceso de licenciamiento.
El fallo y sus plazos
La sentencia es precisa en sus exigencias. El director ejecutivo de la Comisión, Juan Carlos Santaella Marchán, y la directora del Negociado de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, Loraine Irizarry Torres, tienen un plazo de cinco días para recibir formalmente las solicitudes, emitir recibos oficiales y asignar números de expediente para una evaluación prioritaria. El tribunal estableció además que las solicitudes deberán evaluarse conforme a la Ley Núm. 11 y al Reglamento Núm. 9647, y si alguna está incompleta, la Comisión tendrá 15 días para notificar por escrito los incumplimientos específicos.
El detalle no es menor. El fallo reconoce que el periodo de prioridad para solicitantes anteriores venció en abril de 2025 y que todavía quedan aproximadamente 2.000 máquinas disponibles dentro del límite de 25.000 autorizadas por la ley puertorriqueña. Esa cifra abre una ventana económica considerable para nuevos operadores que hasta ahora se topaban con un escritorio cerrado, sin posibilidad concreta de presentar papeles.
La voz de los demandantes
El portavoz legal de los demandantes, Frank Torres Viada, leyó la sentencia como una confirmación de lo que los comerciantes venían reclamando desde el primer día. En su lectura, la Comisión no podía seguir cerrando la puerta, negándose a recibir solicitudes y manteniendo a los operadores fuera de un proceso que tanto la ley como el reglamento obligan a activar. El abogado subrayó la idea de un deber ministerial que no admite discreción regulatoria.
Desde UNOMAR, el grupo que reúne a los demandantes, su vocero Gilberto Narváez planteó la lectura política del caso. Habló de una victoria para los pequeños comerciantes, para la transparencia y para el principio de que ninguna agencia puede actuar como si estuviera por encima de la ley. La organización adelantó que estará vigilante al cumplimiento estricto del fallo y que monitoreará los plazos establecidos por el tribunal.
El episodio expone una tensión recurrente en mercados regulados con limite numérico de licencias. Cuando la autoridad demora la apertura de nuevos procesos, los operadores fuera del sistema buscan vías judiciales para forzar movimientos. En Latinoamérica el patrón se repite, desde las licitaciones de casinos en Chile hasta los reclamos de operadores ilegales que piden marcos regulados en Brasil y Argentina, la justicia aparece muchas veces como árbitro de definiciones que la administración no resuelve en tiempo.
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