Puerto Rico: conexión obligatoria de tragamonedas para control
El Gobierno de Puerto Rico pondrá en marcha un nuevo esquema de control sobre las máquinas de juegos de azar en ruta, con el inicio del proceso obligatorio de interconexión previsto para el 14 de enero de 2026. La medida busca fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad de los ingresos y garantizar una distribución más transparente de los recursos que se destinan al retiro policial, los municipios y el Fondo General.
La Comisión de Juegos confirmó que su Junta de Comisionados aprobó la orden administrativa que activa esta etapa, dando cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente. A partir de la fecha indicada, los operadores y dueños mayoristas contarán con un plazo de 90 días para contratar o acreditar al proveedor tecnológico que permitirá interconectar sus máquinas al sistema centralizado.
Según explicó el director de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, la interconexión permitirá al Estado acceder a información precisa y actualizada sobre el volumen de jugadas y los ingresos generados por las máquinas certificadas. Este flujo de datos facilitará un mayor control fiscal, reducirá espacios de informalidad y aportará mayor claridad sobre el destino de los fondos recaudados.
La implementación del sistema fue precedida por un proceso de evaluación técnica realizado por laboratorios independientes autorizados, que ya certificaron a varios proveedores de soluciones de interconexión. Otras empresas continúan avanzando en sus procesos de homologación. Durante el período de adaptación, los operadores podrán trabajar con compañías que cuenten con certificados de funcionabilidad emitidos por estos laboratorios.
Desde la Comisión se enfatizó que la interconexión no es opcional. El incumplimiento de esta obligación podrá derivar en sanciones administrativas relevantes, incluyendo multas que pueden alcanzar los US$10.000, además de otras penalidades previstas en el marco regulatorio.
El esquema de distribución de los recursos obtenidos por la operación de tragamonedas en ruta también fue recordado por la autoridad reguladora. La legislación establece que los primeros US$12m recaudados se asignan al Fondo General del Gobierno. Superado ese umbral, los ingresos se reparten con un 55 por ciento destinado al Fideicomiso del Retiro de la Policía, un 40 por ciento a los municipios y un 5 por ciento para cubrir los costos operativos de la propia Comisión de Juegos.
Con esta iniciativa, Puerto Rico busca dar un paso decisivo hacia un modelo de mayor transparencia y control en uno de los segmentos más extendidos del juego presencial en la isla.
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