Bs. As. prohíbe entrada a casinos/bingos a deudores alimentarios
La Provincia de Buenos Aires dio un paso decisivo en su política de protección a la niñez y adolescencia tras aprobarse en el Senado provincial una norma que impedirá el acceso de deudores alimentarios morosos a casinos, bingos y salas de juego. Con este aval legislativo, el proyecto queda a un paso de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, impulsada por el diputado Germán Di Cesare, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en marzo y ahora recibió el respaldo definitivo del Senado. El articulado establece que toda persona incluida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) quedará impedida de ingresar a cualquier establecimiento de juego habilitado en la Provincia.
Según dispone el texto, los concesionarios y administradores de casinos y bingos deberán consultar obligatoriamente el RDAM antes de permitir el acceso a un cliente. Si la persona figura en el registro, el ingreso deberá ser denegado de forma inmediata. Para garantizar el cumplimiento, el Poder Ejecutivo deberá asegurar a los operadores acceso en tiempo real a esta base de datos.
La medida se apoya en la Ley 13.074, que regula el RDAM, y busca evitar que quienes incumplen obligaciones alimentarias destinen recursos al juego. Desde el oficialismo remarcaron que se trata de “una herramienta concreta para proteger a niños, niñas y adolescentes” y una manera de generar “consecuencias efectivas frente a quienes eluden responsabilidades parentales”.
El proyecto también contempla sanciones para las salas que no cumplan la normativa: apercibimientos, multas que van desde 10 hasta 100 salarios mínimos, clausuras temporarias o incluso clausura definitiva en caso de reincidencias graves.
Una vez promulgada la ley, el Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para emitir la reglamentación correspondiente y definir la autoridad de aplicación encargada de supervisar y fiscalizar el sistema.
Con esta aprobación, Buenos Aires se convierte en una de las primeras jurisdicciones del país en vincular el control de acceso al juego presencial con el cumplimiento de obligaciones familiares, integrando políticas de responsabilidad social con la gestión del sector del juego.
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