Chubut imputa a diez cajeros de una red de apuestas ilegales

Prision Chubut

El rol se llama cajero y es la pieza que sostiene cualquier red de apuestas clandestinas. Diez personas de Esquel y Comodoro Rivadavia quedaron imputadas en Chubut por cumplir exactamente esa función: traer usuarios nuevos, cargarles fichas y manejar el dinero de plataformas que funcionaban sin autorización.

La imputación la formalizó la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECYED), del Ministerio Público Fiscal provincial, después de cuatro audiencias en la Oficina Judicial de Rawson, donde la jueza de garantías Eve Ponce habilitó que se abra la investigación preparatoria.

Según la hipótesis del equipo fiscal, encabezado por la fiscal general Eugenia Domínguez junto a la funcionaria Ruth Saigg, la estructura publicitaba sitios de apuestas informales usando redes sociales y otros entornos digitales. El dinero se movía por una maraña de cuentas electrónicas y billeteras virtuales, usadas tanto para meter como para sacar los fondos que generaba la operación.

La figura legal es la misma que se viene aplicando en el resto del país. El artículo 301 bis del Código Penal pone pena de prisión a quien explote, administre u organice sistemas que capten juego de azar sin el aval de la autoridad jurisdiccional que corresponde.

La denuncia que originó el expediente llegó del propio regulador. El Instituto de Asistencia Social, la Lotería del Chubut, es el organismo que fiscaliza el sector en la provincia, y como la actividad funcionaba sin su habilitación golpeaba directamente las arcas públicas provinciales. Por eso tanto el Estado chubutense como el Instituto se constituyeron en parte querellante a través de la Fiscalía de Estado.

Lo que viene ahora es trabajo de rastreo. La jueza le dio a la fiscalía seis meses para completar la instrucción, un plazo en el que peritos informáticos y analistas financieros van a seguir el recorrido del dinero por las billeteras electrónicas. El objetivo es triple: dimensionar el volumen real del negocio, establecer cuánto le cabe a cada imputado y averiguar si por encima de los cajeros hay una jerarquía todavía sin identificar.

El caso repite un patrón que las fiscalías argentinas vienen desarmando en distintas provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, la FEJA desmanteló este mes una red que operaba por WhatsApp y acordó con dieciséis influencers acciones de concientización por promocionar plataformas sin licencia. En todos los casos el punto de entrada es el mismo: una persona física que recibe el dinero y lo convierte en fichas, la única parte de la cadena que tiene nombre, domicilio y cuenta bancaria en el territorio.

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