El juego online bonaerense mueve US$1.656m por mes según Tignanelli
El mercado legal de apuestas online de la provincia de Buenos Aires mueve US$1.656m por mes. La cifra la expuso el diputado Facundo Tignanelli durante la presentación formal de su proyecto en la Cámara baja provincial, junto con otras dos, las empresas se quedan con alrededor de US$70m mensuales de ganancia bruta y unos US$50m de ese total saldrían del país.
El legislador ató esos números a la composición societaria del sector. Según los datos que presentó, el 85 por ciento del capital que está detrás de las compañías habilitadas en la provincia tiene origen extranjero. Hoy hay siete empresas con concesión de casino online en territorio bonaerense, Stake, Sport.bet.ar, beplay, Betwarrior, Betson, Betano y Bet365.
El texto que acompaña esas cifras es de una ambición poco habitual para una norma provincial. Son 64 artículos distribuidos en siete títulos, que modifican varias leyes bonaerenses, entre ellas la 15.079 y la 15.131, y que incluyen reconocimiento facial en tiempo real, topes al tiempo de sesión y a la entrada a las plataformas, recortes a la publicidad, el veto a los bonos y a cualquier incentivo promocional y una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea creada desde cero.
La parte económica del proyecto arma dos fondos nuevos que pegan directo sobre la caja de los operadores. Uno se llama Fondo para Entidades de Bien Público y Deporte, y se financia con un 3 por ciento mensual que paga solo el licenciatario, calculado sobre todo lo que abona en premios a los usuarios, y el texto prohíbe de manera expresa trasladar o descontar ese costo de los premios del apostador. De lo que se recaude, el 15 por ciento queda para becas deportivas y el 85 por ciento se destina a reforzar asociaciones civiles y clubes de barrio. El segundo lleva el nombre de Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Ciberludopatía, aunque todos lo llaman Pasivo Social, y obliga a aportar el equivalente al 100 por ciento de cada peso puesto en publicidad, en promoción, en patrocinio y en captar clientes, con un reparto del 70 por ciento para los municipios a través del CUD y del 30 por ciento para la cartera de Salud de la provincia.
La presentación tuvo escenografía propia. Se hizo bajo el lema Las apuestas no son un juego, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura bonaerense, con el proyecto impulsado desde el bloque de Fuerza Patria y con presencia de las diputadas Mayra Mendoza y Margarita Recalde, de los diputados Gustavo Cuervo, José Rossi, Ariel Archanco y Avelino Zurro, y del Secretario Legislativo de la HCD, Gervasio Bozzano. Tignanelli sostuvo que el Estado tiene que intervenir para frenar los daños de la actividad y Olivetto planteó que hacen falta herramientas para controlar algo que, según dijo, afecta las relaciones familiares y deja consecuencias entre niños y adolescentes.
El cronograma que anunciaron es corto. La intención del oficialismo es llevar la iniciativa a un plenario de comisiones el 19 de octubre, con Gonzalo Atanasof, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, invitado a exponer, y conseguir la media sanción en el recinto el 20 de octubre, un día después.
Conviene precisar qué mide cada cifra antes de compararlas. Los US$1.656m mensuales son volumen apostado y no ingreso del operador, de modo que no son comparables con las cifras de GGR que publican los reguladores de otros mercados de la región. Puestos uno contra otro, los US$70m de ganancia bruta sobre ese volumen dejan un margen cercano al 4 por ciento, consistente con un mercado donde la apuesta deportiva pesa mucho. La tensión real del proyecto está en otro lado, y es el cruce entre ese 85 por ciento de capital extranjero y la exigencia de capital nacional para los licenciatarios que el propio texto incorpora, porque aplicada sobre el padrón actual la cláusula dejaría fuera a prácticamente todo el mercado habilitado. Y los dos días que separan el plenario de comisiones de la votación en el recinto hablan de una decisión política ya tomada antes del debate. Queda un problema de fondo que el episodio deja al descubierto, y es de dónde salen los números. Ninguna provincia argentina publica de manera sistemática el ingreso bruto de sus licenciatarios de juego online, así que una cifra expuesta por un diputado durante la presentación de su propio proyecto pasa a ser la única referencia pública disponible sobre el tamaño del mercado más grande del país. El dato puede ser correcto, pero el camino por el que llega al debate dice tanto como el dato mismo.
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