El regulador bonaerense quiere discutir la publicidad con deportistas
Dos cifras que dio el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires ordenan todo lo demás que dijo. La provincia llevó a la justicia más de 80 casos de personas que promocionaban en redes sitios sin autorización, y en su territorio funcionan más de 56.000 intermediarios informales del circuito clandestino, los llamados cajeros. La relación entre ambos números es de unos 700 cajeros registrados por cada denuncia presentada, y es la que mide la distancia real entre la capacidad de persecución y el tamaño del problema.
Con ese telón de fondo, Gonzalo Atanasof abrió en una entrevista con el medio local Infocielo Play una discusión sobre las marcas de apuestas en las camisetas de los clubes y en las transmisiones de fútbol. Dijo que hay que actuar "de manera urgente", también sobre las plataformas legales, porque a su criterio un aviso de apuestas no debería quedar atado al éxito personal.
El foco que eligió es específico y conviene leerlo como invitación al debate y no como propuesta cerrada, porque así lo planteó él mismo. Propuso discutir si quien un chico idolatra en el deporte puede prestarle la cara a una plataforma, y si hace falta fijar bandas horarias para emitir el mensaje. Son dos ejes distintos: quién protagoniza el aviso y cuándo se transmite.
La segunda mitad del planteo es la que lo separa de la mayoría de las iniciativas que circulan hoy en la región. Atanasof rechazó la eliminación total con un argumento de eficacia: borrar los avisos de las plataformas autorizadas no borra la publicidad, borra únicamente la de las empresas que el Estado tiene bajo control, y lo que crecería en ese hueco es lo que llega sin parar al celular, que es el juego ilegal.
Para sostenerlo recurrió al caso brasileño posterior a la prohibición que dispuso el presidente Lula da Silva. Su lectura es que mientras no haya leyes eficaces ni jueces dispuestos a actuar contra operadores transnacionales, exigirle más al sector legal no alcanza. El dato que acompaña ese argumento está disponible: el monitoreo que difunden las entidades del sector brasileño acumuló más de 60.000 direcciones sospechosas desde que la medida provisoria entró en vigencia a fines de septiembre.
Sobre la promoción informal en redes, Atanasof aportó un matiz que explica por qué la vía judicial rinde poco. Casi siempre el promotor alega que no sabía, y él lo cree verosímil con un argumento incómodo: ni siquiera quien trabaja en la lotería tradicional, dijo, logra distinguir una plataforma legal de otra que no lo es. De todos modos recordó que promover un sitio sin autorización es a la vez una contravención y un delito penal.
El otro dato que el funcionario puso sobre la mesa es el perfil del público, y es el que da sustento a su preocupación por las figuras deportivas. En casinos y bingos la concurrencia tradicional arrancaba cerca de los 35 o 40 años, y el formato digital trajo en cambio jugadores de entre 18 y 30. Es un corrimiento generacional de más de una década y explica por qué la discusión sobre qué cara aparece en el aviso no es estética sino de exposición.
La posición queda así en un lugar intermedio que vale señalar con precisión, porque es inusual en el debate regional. El regulador de la provincia más poblada del país no reclama prohibir los avisos de apuestas: reclama poner límites a quién los protagoniza y a qué hora salen, y sostiene a la vez que prohibirlos del todo sería contraproducente. Es la tesis opuesta a la que el Ejecutivo chileno llevó al Senado hace una semana, cuando propuso prohibir por completo la publicidad de las plataformas online, y también a la que recorre el proyecto que espera tratamiento en el Senado argentino.
El Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires es el organismo que regula, autoriza y fiscaliza la actividad de juego en esa jurisdicción, incluidas las plataformas online habilitadas y la red de agencias. En Argentina el juego es una facultad no delegada por las provincias, de modo que cada una define su propio régimen de publicidad y sus propios operadores autorizados, sin un marco nacional que fije un piso común.
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