La oposición rechaza en Diputados el proyecto de ludopatía presentado
El nuevo proyecto de ley sobre prevención de la ludopatía y regulación del juego online que el Gobierno argentino envió al Senado generó una fuerte reacción opositora apenas conocido su texto. Diputados de distintos bloques acusaron al oficialismo de proteger el negocio de las plataformas legales al evitar avanzar sobre el corazón comercial del sector: la publicidad, las promociones y los patrocinios deportivos.
La iniciativa, presentada el viernes 23 de mayo, concentra su acción punitiva en el juego clandestino y en el acceso de menores de edad a las plataformas, dos cuestiones que la legislación vigente ya prohíbe. No incorpora la mayoría de las restricciones que sí contenía la media sanción aprobada por Diputados en noviembre de 2024, que continúa frenada en la Cámara alta y que la nueva propuesta termina por desplazar de la agenda.
La Coalición Cívica encabeza la ofensiva
La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, sostuvo que el texto del Ejecutivo no es de prevención de la ludopatía sino de reafirmación del apoyo a las apuestas online. Recordó que la media sanción de 2024 incluía la prohibición total de la publicidad del juego, un mecanismo equivalente al aplicado para los cigarrillos. En sus palabras, el nuevo proyecto evita tocar el corazón del negocio del juego y termina favoreciendo a las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas.
Frade también puso en duda la autoría administrativa del texto. Afirmó que el proyecto no fue elaborado por el titular de la Sedronar, Roberto Moro, sino por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Y reclamó al Congreso retomar el proyecto aprobado en 2024 en lugar de avanzar con la nueva iniciativa oficialista.
En la misma línea se manifestó el diputado Maximiliano Ferraro, también de la Coalición Cívica, quien acusó al Gobierno de ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas y resumió la crítica con ironía: parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado.
Qué propone y qué deja afuera el texto oficial
El proyecto del Ejecutivo propone penas de tres a seis años de prisión para los responsables de plataformas ilegales, el bloqueo de dominios y restricciones a los circuitos de pago utilizados por operadores clandestinos. También establece sanciones de dos a cuatro años de prisión para quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales a plataformas no autorizadas, siempre que pueda probarse que conocían la ilegalidad de la actividad.
El núcleo de la crítica opositora apunta a lo que el proyecto no toca. No prohíbe la publicidad del juego legal en medios, redes sociales ni espectáculos masivos, no veta los bonos de bienvenida ni las promociones de captación, y no interviene sobre los acuerdos comerciales entre operadores y clubes de fútbol. La única limitación publicitaria explícita prohíbe vincular la participación en juegos de azar con el éxito personal, laboral o social, o sugerir que apostar conlleva aceptación social, una redacción que la oposición considera muy laxa.
Un debate que cruza a toda la región
La tensión entre prevención sanitaria y sostén del negocio publicitario atraviesa a buena parte de los mercados latinoamericanos. En Brasil, el estado de Rio Grande do Sul aprobó una ley con restricciones publicitarias muy estrictas que fue impugnada ante el STF por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías. En Chile, la Polla denunció a productoras y agencias por publicidad de casinos online. En República Dominicana y Colombia, las nuevas normas avanzan también sobre criterios de juego responsable y marketing dirigido a jóvenes.
El debate argentino se ubica en el centro de esa misma discusión regional. Mientras el Ejecutivo defiende un esquema con foco en el juego ilegal y en la protección de menores, la oposición sostiene que sin una regulación dura sobre publicidad y patrocinios la ley termina favoreciendo la expansión del negocio legal. El Senado tiene ahora sobre la mesa dos caminos contrapuestos: avanzar con la propuesta oficialista o retomar la media sanción de 2024, una decisión que marcará el rumbo del juego online en uno de los mercados más sensibles del cono sur.
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