Senado bonaerense analiza prohibir patrocinios de casas de apuestas

Senado bonaerense analiza prohibir patrocinios de casas de apuestas

La senadora de la provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini, ha impulsado una iniciativa legislativa que busca transformar de manera profunda el esquema de patrocinios en el deporte regional. El proyecto de ley presentado esta semana tiene como eje central la prohibición de la publicidad y el patrocinio de empresas de apuestas en entornos deportivos y comunitarios de todo el territorio bonaerense. Según los fundamentos del texto, la medida no pretende perseguir a la industria del juego en su totalidad, sino resguardar la función social de los clubes de barrio y las instituciones deportivas, protegiendo a los sectores más jóvenes de la exposición constante a estímulos vinculados a las apuestas.

La normativa establece restricciones severas que van desde el diseño de la indumentaria hasta el entorno físico de las instalaciones. De aprobarse, los clubes tendrían prohibido lucir logotipos o señas identificatorias de casas de apuestas en sus camisetas y ropa oficial. Además, se fijaría un perímetro de exclusión de 100 metros alrededor de estadios y polideportivos donde no podría exhibirse cartelería publicitaria de este sector. La medida también alcanza a los nombres de los predios, impidiendo que marcas comerciales de juegos de azar se utilicen para identificar estadios o centros de entrenamiento, una práctica que ha crecido recientemente bajo el modelo de derechos de denominación.

Un escudo para la infancia y la salud pública frente a la ludopatía

La senadora Galmarini ha sido enfática al señalar que la propuesta busca combatir la naturalización del juego como una práctica cotidiana entre los adolescentes. Para la legisladora, el fútbol profesional actúa como el principal vector de este fenómeno, influyendo de manera directa en la percepción de los jóvenes que asisten a los estadios o frecuentan clubes sociales. El objetivo central de la iniciativa es remover estos anuncios de los espacios de formación y esparcimiento familiar, garantizando que el deporte mantenga su esencia como una herramienta de desarrollo saludable y alejada de conductas potencialmente adictivas.

La aplicación de esta normativa no quedaría únicamente en manos de una entidad, sino que propone una red de fiscalización integrada. La Subsecretaría de Deportes de la provincia actuaría como la autoridad de aplicación principal, trabajando en sintonía con las áreas de Defensa del Consumidor y el Organismo provincial de Niñez y Adolescencia. Por su parte, los municipios tendrían la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la ley en sus jurisdicciones, mientras que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) aportaría el soporte técnico necesario para identificar correctamente a los operadores y las marcas que deben ser removidas del entorno deportivo.

Consecuencias administrativas y multas para los anunciantes

El proyecto contempla un régimen sancionatorio progresivo para asegurar que las empresas y las instituciones acaten las nuevas directrices. Las penas comienzan con apercibimientos, pero pueden escalar rápidamente hacia multas económicas considerables. Estas multas se calculan en unidades que actualmente tienen un valor de 2.215 pesos argentinos, con escalas que oscilan entre las 500 y las 50.000 unidades dependiendo de la gravedad de la infracción. De esta manera, el costo de incumplir la norma representaría un desincentivo real tanto para el anunciante como para la entidad que permite la publicidad.

Además de las sanciones monetarias, el Poder Ejecutivo provincial contaría con facultades para aplicar medidas administrativas directas sobre los operadores de juego. Entre estas facultades se incluye la suspensión o incluso la revocación definitiva de las licencias y habilitaciones vinculadas a la actividad publicitaria del anunciante involucrado. Con este esquema, la provincia de Buenos Aires busca liderar un cambio de paradigma en la relación entre el deporte masivo y el mercado del iGaming, priorizando el bienestar de los ciudadanos y la integridad de sus instituciones sociales más representativas.

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