Un agente encubierto digital derivó en once condenas en Salta
La pieza decisiva de la causa que terminó con once condenas en Salta no fue un allanamiento ni un informe bancario, sino un agente encubierto digital autorizado judicialmente que simuló querer entrar a la red. Desde adentro documentó la venta de fichas virtuales, el reparto de usuarios y contraseñas y el modo de reclutar cajeros, y entró a los grupos de WhatsApp por donde pasaban balances de ventas, material publicitario e instrucciones.
Ese investigador también dejó registro de reuniones por Google Meet donde la conducción bajaba línea comercial y empujaba a sumar jugadores nuevos. Es un detalle que define la naturaleza del caso: la organización no se sostenía en una infraestructura técnica difícil de rastrear sino en una estructura comercial que celebraba reuniones, repartía material y medía resultados, y por eso la infiltración rindió más que el análisis forense.
Todas las condenas quedaron en ejecución condicional y se graduaron según el peso de cada rol. Siete fueron condenadas a dos años en calidad de partícipes secundarios y cuatro recibieron tres años como coautoras. El total suma 26 años de pena entre once condenados, con un promedio de 2,36 años, y conviene señalar que al ser todas condicionales ninguno de los condenados cumple prisión efectiva: el efecto disuasivo se juega en los antecedentes penales y en la interrupción del negocio, no en el encierro.
El origen del expediente está en el regulador. El Ente Regulador del Juego de Azar de Salta presentó las denuncias después de ubicar plataformas de apuestas online en funcionamiento sin habilitación. La investigación quedó entonces en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dirigida por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio. Desde el Ministerio Público Fiscal se promovieron acuerdos de juicio abreviado pleno, y el juez José Riera los homologó.
Los acuerdos se cerraron después de que los acusados reconocieran los hechos y aceptaran su responsabilidad penal, lo que explica la velocidad del desenlace y también su límite: la causa sigue abierta respecto de otros dos imputados que no aceptaron el procedimiento abreviado y deberán pasar por la instancia de control de acusación.
El período reconstruido va de 2022 a 2024 y abarca tres plataformas: Red Las Únicas, Celuapuestas y BET91. Según el Ministerio Público Fiscal de Salta la estructura tenía niveles diferenciados: la coordinación quedaba en los organizadores y administradores generales, mientras otros integrantes manejaban los fondos, vendían fichas virtuales, captaban apostadores y reclutaban cajeros. El dinero de los apostadores entraba por los cajeros, que giraban de forma periódica a sus administradores, y estos hacia los niveles superiores.
La información del agente encubierto se cruzó con análisis de movimientos bancarios, intervenciones telefónicas, secuestro de dispositivos y documentación, y allanamientos. Ese conjunto permitió trazar tanto el organigrama como el circuito financiero.
El mismo día en que se conocían las condenas salteñas, la Lotería de la Ciudad y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires encabezaron con la Fundación Nexum un encuentro sobre qué herramientas regulatorias y judiciales funcionan frente a las apuestas ilegales online. La coincidencia temporal es útil porque las dos noticias describen las dos mitades del mismo problema: Salta muestra qué tipo de prueba llega a condena y el encuentro muestra el intento de que ese conocimiento no quede encerrado en una provincia.
Entre los expositores estuvieron Juan Rozas, de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, el juez de Garantías Juan José Suárez, el fiscal penal de La Plata Juan Mennucci y Ezequiel Domínguez, director de Lotería de la Ciudad. Desde LOTBA explicaron que trabajan con la FEJA y con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, y que el rastreo digital, el monitoreo y la fiscalización son los que producen el insumo con el que se empujan causas y se consiguen bloqueos de plataformas clandestinas. Cerraron la jornada Pablo Carrera, al frente de Fundación Nexum, y Jesús Acevedo, al frente de LOTBA.
La dificultad de fondo que explica estas reuniones es jurisdiccional. En Argentina el juego es una facultad no delegada, de modo que un operador clandestino que capta apostadores en varias provincias comete una infracción distinta en cada una y puede ser investigado por fiscalías que no comparten base de pruebas ni criterio sobre la figura penal aplicable. EnReJA regula y fiscaliza el juego en Salta y mantiene publicada la lista de plataformas online autorizadas en la provincia, mientras LOTBA y el IPLyC cumplen esa función en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires respectivamente.
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