Un proyecto bonaerense copia la salida brasileña y la llama Ley Lula
El senador provincial Federico Fagioli presentó un proyecto que prohíbe la apuesta online en territorio bonaerense y lo puso en circulación con el nombre mediático de Ley Lula, que remite de manera directa al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y a la medida que ese país adoptó el mes pasado. El texto propone dejar sin efecto los artículos 146 a 173, es decir el capítulo VIII de la Ley de Regulación del Juego Online N.º 15.079, con lo cual caerían las licencias que hoy autorizan la actividad en el territorio bonaerense.
El perímetro de la prohibición está definido por modalidad. Quedarían afuera las apuestas deportivas, tanto previas al evento como en vivo, los juegos de casino online entre los que el proyecto nombra poker, blackjack, ruleta y tragamonedas, y aquellas apuestas sobre eventos o juegos virtuales donde el resultado quede, total o predominantemente, en manos del azar, más cualquier otra modalidad equivalente que implique arriesgar dinero esperando un premio o un retorno económico. Sí seguirían permitidas las loterías, las quinielas y los sorteos, junto con la venta electrónica de juegos sin apuesta ni premio en dinero.
Al fundamentar la iniciativa, según informó Diputados Bonaerenses, el senador apoyó el argumento en el cambio de escala que trajo el canal digital. Sostuvo el legislador que la expansión de las plataformas modificó las características tradicionales del juego de azar, y explicó que apostar desde cualquier dispositivo conectado borró buena parte de las barreras temporales, espaciales y materiales que durante décadas mantuvieron a la gente lejos de las salas físicas. De ahí deriva su duda sobre la herramienta vigente, porque el acceso inmediato y permanente obliga a reconsiderar si alcanza con regular a los operadores que tienen licencia, y remató con una definición sobre los medios disponibles, el crecimiento de estas modalidades plantea nuevos desafíos para las herramientas de control y prevención con que cuenta la provincia. Para el legislador la discusión no debería quedarse en las condiciones bajo las que operan las plataformas habilitadas, sino abarcar si ciertas modalidades resultan compatibles con la salud pública como criterio.
La mecánica de salida es lo más detallado del texto y sigue un cronograma corto. Desde la entrada en vigencia les quedaría prohibido tomar depósitos, cargas o transferencias nuevas con destino al juego. En los primeros 10 días corridos tendrían que cortar el inicio de partidas y de sesiones nuevas, levantar la publicidad, la promoción, las bonificaciones y el patrocinio, y cerrarle el ingreso a sus páginas de juego a cualquier usuario que esté en la provincia. El plazo para devolver el dinero es de 30 días corridos, con la obligación de devolverle a cada usuario todo el saldo que tenga disponible en su cuenta y de entregarle al Instituto Provincial de Lotería y Casinos un informe individualizado que detalle saldos, apuestas pendientes, premios y restituciones.
La publicidad recibe un capítulo propio y amplio. La prohibición alcanzaría en todo el territorio bonaerense a la publicidad, la promoción, el marketing, el patrocinio y cualquier otra comunicación comercial que, de modo directo o indirecto, empuje a apostar online, con los códigos promocionales, las bonificaciones, los afiliados y los influencers nombrados de manera expresa. Del lado del control, el proyecto le encarga al IPLyC Buenos Aires identificar y bloquear perfiles, aplicaciones, sitios, contenidos y mecanismos digitales desde los que se ofrezca o se facilite lo prohibido, con la posibilidad de radicar denuncias penales, y le pide a la administración provincial campañas de prevención que informen riesgos, prohibiciones, canales de denuncia y los servicios gratuitos de orientación, de asistencia y de tratamiento.
El proyecto llega al Senado bonaerense en el mismo momento en que la Cámara de Diputados está armando lo contrario. La comisión que preside Micaela Olivetto avanzó la semana pasada en un texto unificado para regular las plataformas, con validación de edad, alertas, límites a la publicidad, bloqueo de la oferta ilegal y dos fondos de financiamiento, y para este lunes 19 citó al presidente del IPLyC, Gonzalo Atanasof, a responder dudas técnicas y de fiscalización. Las dos iniciativas conviven en la misma legislatura y sobre la misma ley, de modo que la provincia va a tener que elegir entre endurecer el régimen vigente o eliminarlo.
Hay un dato del modelo que el proyecto toma como referencia y que conviene tener a la vista antes de votar. Brasil lleva tres semanas de prohibición y los números ya se pueden medir, más de 3.500 despidos en el sector según la asociación nacional del rubro, 16.627 sitios ilegales bloqueados por orden del Gobierno entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, R$159 millones en saldos que las plataformas tuvieron que devolver y una demanda de la fiscalía contra ocho empresas que no entregaron los datos de sus apostadores. El cronograma de 10 y 30 días que propone Fagioli es, en lo esencial, el mismo que aplicó Brasil, pero con una diferencia institucional que cambia el resultado esperable, el gobierno brasileño pudo ordenar el bloqueo de dominios y cortar los pagos porque controla la autoridad de telecomunicaciones y el sistema financiero nacional, mientras una provincia argentina no tiene ninguna de esas dos palancas y debería apoyarse en el IPLyC para una tarea que, incluso con el aparato federal brasileño, viene requiriendo más de mil bloqueos por día.
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