Un proyecto bonaerense quiere cobrar entrada a los sitios de apuestas
La Legislatura bonaerense ya tiene cuatro caminos abiertos sobre las apuestas online, y el último propone algo que no existe en la región: pagar para entrar. El diputado Roberto Vázquez, del Frente Renovador, presentó el expediente D-3783/26-27, que establece un arancel obligatorio tanto para acceder a las plataformas digitales como para ingresar a los establecimientos de juego físicos.
El monto está atado al propio producto. En el canal digital el cargo se calcularía tomando diez veces la apuesta mínima del juego de que se trate; en las salas presenciales habría que pagar una entrada en la puerta. Lo recaudado se volcaría a capacitación, investigación, tratamiento, diagnóstico y prevención, con foco puesto en la ludopatía infantil.
Vázquez fue explícito sobre qué busca el instrumento. Su finalidad, dijo, "no es fiscal sino preventiva": lo que introduce es una instancia de reflexión y una barrera de dinero justo antes de que el jugador empiece. Para el diputado, lo que surja de esa restricción debería regresar a la comunidad convertido en prevención y tratamiento.
El diseño tiene un problema de incidencia que conviene nombrar, porque define a quién alcanza de verdad. Un arancel fijado en diez apuestas mínimas es una cifra chica para quien mueve volumen y una barrera real para quien apuesta poco, de modo que el efecto disuasorio recae con más fuerza sobre el jugador ocasional que sobre el intensivo. Y es el segundo, no el primero, el que concentra el riesgo de juego problemático que la iniciativa dice querer atacar. Como herramienta de financiamiento la lógica es más sólida: el arancel genera un flujo atado al volumen de accesos, que es justamente lo que crece cuando crece el problema.
El resto del proyecto se parece bastante a lo que ya circula en la Legislatura. Trae topes de monto, de frecuencia y de tiempo jugado, avisos al usuario sobre cuánto lleva apostado y cuánto tiempo pasó, identificación del jugador, autoexclusión y barreras para que no entren menores. Suma también un padrón provincial al día con los locales, las plataformas y los operadores que queden bajo el régimen.
Esa coincidencia es, en realidad, el dato político. La iniciativa de Vázquez convive con el Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea de Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, que refuerza controles sobre los operadores autorizados, limita publicidad y bonos promocionales, suma verificaciones biométricas y crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea. Y convive también con el proyecto del senador Federico Fagioli, llamado Ley Lula, que va en dirección opuesta: propone prohibir las apuestas online derogando los artículos 146 a 173 de la Ley provincial 15.079, cerrar el acceso a las plataformas, vedar su publicidad y poner un plazo de devolución de los saldos que los usuarios tengan en cuenta.
A eso se suma la única pieza que ya es ley. La semana pasada la Cámara de Diputados bonaerense sancionó de forma definitiva la restricción del uso de celulares y pantallas en escuelas primarias y secundarias, con la prevención del juego problemático entre sus fundamentos. Mientras los tres proyectos que tocan a las plataformas siguen en comisión, lo único que la provincia reguló hasta ahora es el teléfono en el aula.
El diagnóstico que sostiene todo este debate lo aportó el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, ante la comisión que analiza el megaproyecto: atribuyó al circuito clandestino el 80 por ciento del juego online provincial y estimó en unos US$3.600m el volumen del mercado ilegal en todo el país. El IPLyC administra la lotería, los casinos y las apuestas autorizadas en el distrito, y reconoció ante los legisladores que no cuenta con herramientas suficientes para supervisar directamente esa actividad.
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