Bolivia avanza contra el juego clandestino con nuevos operativos
La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia volvió a desplegar su brazo fiscalizador en el departamento de Cochabamba con un operativo que dejó al descubierto un local que comercializaba actividades de azar sin contar con la autorización correspondiente. La intervención, realizada el pasado 2 de junio, terminó con el decomiso de una mesa adaptada para la práctica de póker y la identificación del responsable del establecimiento, en lo que constituye una nueva señal de endurecimiento de los controles sobre la oferta de juego no regulada en el país.
Durante la inspección, los funcionarios constataron que el espacio se encontraba en pleno funcionamiento y que recibía clientes de manera habitual. Además del secuestro de los implementos vinculados a la actividad, los inspectores advirtieron a las personas presentes sobre los riesgos económicos y sanitarios de participar en mesas instaladas en espacios sin habilitación, una práctica que en los últimos años se viralizó en barrios populares y locales gastronómicos reconvertidos en salones de juego improvisados.
Una agenda sostenida de fiscalización en el departamento
El procedimiento del 2 de junio no fue un hecho aislado. El 25 de mayo, la AJ había concretado otra intervención en la localidad de Sacaba, también en Cochabamba, donde clausuró una casa de juegos ilegal con una mesa de póker en uso y catorce personas presentes. Aquel operativo derivó en la identificación de los participantes y en una campaña de información sobre las consecuencias legales y sociales de operar y asistir a salones clandestinos. Ambos casos muestran un patrón de fiscalización sostenida sobre un mismo territorio y refuerzan la estrategia del regulador boliviano de combinar presencia física con difusión de los riesgos asociados al juego sin licencia.
El organismo, creado por la Ley 060 de Juegos de Lotería y de Azar en 2010, viene insistiendo en que la fiscalización permanente es la única vía para garantizar transparencia y proteger a los consumidores frente a circuitos que escapan a cualquier control técnico, tributario y de juego responsable. Los locales clandestinos, advierte la AJ, suelen funcionar sin reglas claras de pago, sin verificación de edad y sin protocolos para detectar problemas de conducta de los jugadores, lo que multiplica los riesgos sobre los sectores más vulnerables.
El marco regulatorio se mueve en paralelo
La ofensiva contra el juego ilegal en Cochabamba se da en un momento de cambios significativos en el marco normativo boliviano. El 27 de mayo entró en vigencia la Ley 1733 de Alivio Tributario, que redefine parte del esquema fiscal y administrativo vinculado al sector. Entre otros puntos, la nueva norma elimina la obligación de que las empresas obtengan autorización previa de la AJ para realizar promociones, sorteos y campañas comerciales con premios, y exime a esas actividades del pago de impuestos específicos y de las sanciones asociadas que rigieron durante más de una década.
El reacomodamiento abre una pregunta de fondo sobre cómo se sostendrá el modelo de financiamiento del organismo y qué herramientas tendrá la AJ para reforzar el control sobre el juego de azar propiamente dicho, que sigue requiriendo licencia. En la práctica, el regulador parece haber respondido con más presencia territorial y operativos visibles, una señal hacia el mercado de que la flexibilización para promociones no implica una baja de guardia frente a los salones sin habilitación.
Una preocupación compartida en Latinoamérica
El caso boliviano se inscribe en una preocupación regional creciente. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador vienen profundizando operativos contra el juego ilegal, tanto físico como online, y los reguladores de la región empiezan a coordinar agendas comunes para enfrentar un fenómeno que mueve miles de millones de dólares al margen de los sistemas tributarios. En ese tablero, Bolivia se suma a la lógica latinoamericana de combinar reformas normativas, alivios tributarios para actividades de bajo riesgo y mano firme contra los salones clandestinos, en un esfuerzo por ordenar un mercado que necesita reglas claras para crecer sin dejar de proteger a los jugadores.
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