Bolivia: hito histórico en autorizaciones 2025 de promos empresariales
La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia ha presentado los resultados de su Rendición Pública de Cuentas Final correspondiente al ejercicio 2025. En un evento virtual realizado desde su sede central en La Paz, el organismo destacó una ejecución presupuestaria superior al 90 por ciento de los recursos asignados para tareas de regulación, fiscalización y control de las actividades de azar y sorteos en el país. Este cumplimiento responde al mandato constitucional que obliga a las instituciones públicas a transparentar el uso de los fondos estatales y el ejercicio de sus funciones.
Uno de los puntos más destacados del informe anual fue el dinamismo del sector comercial. Durante el periodo 2025, la AJ autorizó un total de 1.226 promociones empresariales, estableciendo un nuevo récord histórico para la institución. Esta cifra supera la marca anterior de 1.211 resoluciones alcanzada en 2024, lo que refleja un creciente interés de las empresas por operar bajo el marco legal vigente. Este volumen de actividad se tradujo en beneficios directos para los consumidores, ya que se entregaron premios por un valor total de Bs573 millones, equivalentes a aproximadamente 81 millones de dólares.
Operativos contra la ilegalidad y calidad en la gestión
En lo que respecta a la protección del mercado regulado, la AJ intensificó sus esfuerzos para erradicar el juego clandestino. Durante el año, se llevaron a cabo 82 intervenciones en locales de juego ilícitos en todo el territorio nacional. Como resultado de estas acciones, las autoridades decomisaron 119 medios de juego y procedieron a la destrucción de 230 máquinas y otros dispositivos ilegales que operaban sin autorización. Estas medidas buscan garantizar que la actividad de azar se desarrolle de manera transparente y segura para la población.
La gestión institucional también fue validada por organismos externos. La AJ mantiene su Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, tras haber superado con éxito la auditoría realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Este aval garantiza que los procesos de regulación y fiscalización en Bolivia cumplen con estándares internacionales de eficiencia y transparencia.
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