ABC-BET: Prohibir juego en Brasil fortalecería mercado clandestino
La Asociación Brasileña para el Cumplimiento, las Buenas Prácticas, la Ética y la Transparencia en las Apuestas (ABC-BET) ha tomado una postura firme frente a las recientes declaraciones del presidente Lula Da Silva. Ante la posibilidad de una prohibición total de la actividad apenas un año después de su regulación, la entidad subraya que cualquier debate sobre la ludopatía debe realizarse bajo un estricto compromiso con la verdad regulatoria y la responsabilidad institucional, evitando soluciones improvisadas que podrían desmantelar los avances logrados en materia de supervisión.
El mercado de apuestas de cuota fija en Brasil fue estructurado para operar bajo el control directo de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), con una implementación plena que comenzó en enero de 2025. Según ABC-BET, la legislación actual es clara al establecer que solo las plataformas debidamente autorizadas pueden operar en el país, lo que permite un control sanitario y financiero que desaparece por completo en la clandestinidad. Resulta fundamental no confundir a los operadores que cumplen con la ley con aquellas estructuras que operan deliberadamente al margen del sistema, afectando la integridad del consumidor.
Los datos oficiales respaldan la intensa actividad de fiscalización que se ha llevado a cabo recientemente. Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la SPA/MF y Anatel lograron bloquear más de 25,000 URL ilegales, además de iniciar cientos de procesos administrativos y de inspección contra influencers digitales que promovían ofertas irregulares. Para la asociación, este esfuerzo es valioso pero insuficiente si no se persigue también a los financiadores y facilitadores de las redes de apoyo de estas operaciones criminales mediante responsabilidades civiles y penales.
La incertidumbre jurídica se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la consolidación del sector. El mercado ha enfrentado constantes cambios en los requisitos y propuestas legislativas restrictivas, como el Proyecto de Ley n.º 5.582/2025 o Ley Antifacción. Dicha propuesta pretendía imponer una contribución adicional del 15 % sobre las apuestas, lo que habría aumentado drásticamente la carga tributaria, reduciendo la competitividad de las empresas legales y empujando a los usuarios hacia el entorno no supervisado. Aunque esta medida fue retirada del texto final, el episodio refleja una inestabilidad que ahuyenta la inversión legítima.
Desde una perspectiva basada en evidencia, las cifras de 2025 revelan que unos 25.2 millones de ciudadanos realizaron apuestas, generando un GGR acumulado de 36,960 millones de reales. Esto se traduce en un gasto neto promedio de 122 reales mensuales por apostador, una cifra que ABC-BET utiliza para contextualizar el impacto real del juego en la economía doméstica. La entidad sostiene que un mercado regulado no depende del juego problemático como lógica comercial, sino que se beneficia de la trazabilidad y los mecanismos de autoexclusión que la ilegalidad ignora.
El debate sobre la salud pública es otra prioridad para la asociación, que reconoce que el trastorno del juego es un problema multifactorial que no puede atribuirse exclusivamente a un sector regulado hace poco tiempo. Culpar a las apuestas legales de males sociales históricos es, según ABC-BET, buscar un chivo expiatorio mientras se ignoran otros flagelos como las pirámides financieras, el fraude patrimonial y el crimen organizado. Una regulación excesiva o punitiva solo sirve para debilitar el canal oficial y fortalecer a quienes no rinden cuentas a nadie.
El impacto económico positivo del sector es verificable y se extiende a múltiples áreas de interés social. En 2025, las transferencias legales derivadas del juego ascendieron a 4,530 millones de reales, destinados a educación, seguridad pública, turismo y deporte, incluyendo un apoyo vital para el fútbol femenino y eventos culturales masivos. Sin embargo, ABC-BET señala una contradicción preocupante: mientras el discurso público califica al juego como una crisis de salud grave, solo el 1% de esas asignaciones se reserva para el Ministerio de Salud, lo que sugiere una falta de coherencia en las prioridades gubernamentales.
La conclusión de la asociación es que Brasil necesita fortalecer su capacidad de supervisión en lugar de recurrir al prohibicionismo. El camino hacia la integridad deportiva y la protección del ciudadano reside en normas proporcionadas y seguras que garanticen que la actividad sea auditable y compatible con el interés público. Defender el mercado regulado no implica proteger abusos, sino asegurar que existan reglas claras para afrontar los problemas con seriedad y transparencia institucional.
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