ANJL cuestiona la CIDE-Bets y alerta por mercado ilegal
La aprobación en el Senado del Proyecto de Ley 5.582/2025, conocido como PL Antifacción, reactivó las críticas del sector regulado de apuestas en Brasil. La iniciativa, que endurece las penas contra el crimen organizado, incorpora también la llamada CIDE-Bets, una contribución del 15 por ciento aplicada sobre los depósitos realizados por los apostadores en plataformas online.
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) reiteró su rechazo a este nuevo tributo y advirtió que la medida puede provocar efectos contrarios a los objetivos oficiales. Según la entidad, gravar directamente los depósitos incentiva la migración de jugadores hacia operadores clandestinos, muchos de ellos fuera de cualquier control fiscal o regulatorio.
El presidente de la ANJL, Plínio Lemos Jorge, señaló que existe una percepción errónea sobre el impacto real de la carga tributaria. “Se parte de la idea equivocada de que el peso impositivo del sector es bajo, cuando en realidad se suma a un conjunto de obligaciones ya muy significativo”, explicó. Para la asociación, introducir un nuevo impuesto en esta etapa genera incertidumbre en un mercado que aún se encuentra en proceso de consolidación normativa.
Desde la ANJL y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) subrayan que no existen precedentes internacionales exitosos de tributación sobre depósitos de jugadores. Casos como Colombia y Países Bajos muestran que este tipo de esquemas suele derivar en caída de la recaudación formal y fortalecimiento de la oferta ilegal.
El argumento central del sector apunta a una cuestión práctica. Con la CIDE-Bets, un depósito de R$100 se transforma automáticamente en R$85, mientras que en plataformas no reguladas el jugador conserva el valor total. Esa diferencia, advierten, crea una ventaja inmediata para el mercado clandestino, debilitando tanto la protección al consumidor como la capacidad recaudatoria del Estado.
La ANJL también remarca que las plataformas actúan como depositarias de los fondos, que continúan siendo propiedad del usuario. Por eso, consideran que gravar el depósito equivale a cobrar un impuesto por ingresar dinero en una cuenta bancaria o cargar una tarjeta prepaga, algo que no tiene antecedentes en el sistema tributario brasileño.
Otro punto de preocupación es la seguridad jurídica. El sector recuerda que las empresas ingresaron al mercado regulado respondiendo a un llamado del propio Estado, realizando inversiones significativas y asumiendo compromisos fiscales relevantes. Para 2025, las plataformas licenciadas estiman aportes cercanos a R$9.000 millones en tributos federales, además de impuestos municipales y la tasa del 12 por ciento sobre el GGR.
El relator del proyecto, senador Alessandro Vieira, defendió la inclusión de la CIDE-Bets al señalar que podría generar hasta R$30.000 millones anuales, destinados a financiar acciones de seguridad pública y el sistema penitenciario. “Sin recursos no hay combate efectivo al crimen”, sostuvo durante el debate.
Con las modificaciones introducidas en el Senado, el proyecto regresa ahora a la Cámara de Diputados. Desde la ANJL insisten en la necesidad de un debate técnico más profundo, advirtiendo que medidas mal calibradas pueden terminar fortaleciendo al mercado ilegal y erosionando el modelo regulado que Brasil busca consolidar.
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