ANJL: Prohibir publicidad impulsa mercado ilegal de apuestas en Brasil
El ecosistema de las apuestas en Brasil atraviesa un momento de alta tensión legislativa. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) ha manifestado su profunda inquietud ante los proyectos de ley que se debaten actualmente en el Congreso Nacional, específicamente el PL Nº 3.563/2024 y el PL Nº 624/2026. Según la entidad, la intención de restringir o prohibir la publicidad de las casas de apuestas autorizadas no logrará proteger al ciudadano, sino que generará un efecto contraproducente al invisibilizar a las empresas que cumplen con la ley y entregarle el control del mercado a las plataformas clandestinas.
La preocupación radica en que el mercado ilegal ya tiene una presencia asfixiante en el país, captando cerca del 52 por ciento del volumen total de apuestas. Estas plataformas operan fuera del radar de las autoridades, sin pagar impuestos ni ofrecer garantías mínimas de seguridad. Al eliminar la posibilidad de que las empresas legales se diferencien a través de la comunicación y el marketing, los legisladores estarían empujando involuntariamente a los usuarios hacia entornos que no impiden el acceso de menores de edad ni cuentan con políticas para prevenir el endeudamiento excesivo.
El costo económico de la clandestinidad
Más allá del impacto social, la ANJL puso sobre la mesa cifras contundentes que afectan directamente al Tesoro Nacional. Estimaciones del Ministerio de Hacienda sugieren que, de continuar el avance del mercado ilegal bajo un esquema de prohibición publicitaria para los operadores licenciados, el Estado brasileño podría dejar de recaudar aproximadamente 80.000 millones de reales en los próximos cinco años. Este monto no es menor, ya que incluye recursos que por ley deberían destinarse a fortalecer la seguridad pública, la cultura y el fomento del deporte.
Por el contrario, el sector regulado ya ha demostrado su compromiso financiero al abonar 2.600 millones de reales solo en concepto de tasas de licencia. Además, la industria legal se proyecta como un motor de empleo capaz de generar 100 mil puestos de trabajo en áreas estratégicas como la tecnología de vanguardia, los medios de pago digitales y el marketing especializado.
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