Burocracia congela R$ 280M y frena impacto social del iGaming en
El éxito de la regulación del mercado de apuestas en Brasil se enfrenta a un obstáculo inesperado, no en la recaudación, sino en la ejecución. Un año después de la entrada en vigor del marco normativo, las principales entidades deportivas del país, beneficiarias legales de una parte de los ingresos brutos del juego (GGR), mantienen congelados en cuentas bancarias cerca de R$ 280 millones (aprox. USD 48 millones).
La situación revela una desconexión administrativa: mientras el sector del iGaming inyecta capital mes a mes, los organismos receptores —como el Comité Olímpico de Brasil (COB) y el Comité Paralímpico (CPB)— temen utilizarlo sin una "hoja de ruta" estatal que, según el regulador, no es necesaria.
El dilema de la "Portaria" inexistente
El nudo del conflicto es interpretativo. Las entidades deportivas, acostumbradas a la estricta fiscalización del dinero público, han optado por no ejecutar ni un centavo de los repases de 2025. Argumentan que falta una portaria (ordenanza) específica del Ministerio de Hacienda que dicte las reglas de uso, rendición de cuentas y destino final de los fondos.
Sin embargo, la postura de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) es diametralmente opuesta. Basándose en el artículo 30 de la Ley 13.756/18 y la normativa vigente, la SPA sostiene que estos recursos son transferencias directas de entes privados (las operadoras) a las entidades.
En resumen: no es dinero público, y por tanto, no requiere la compleja burocracia de fiscalización estatal ni una nueva reglamentación. La ley permite su uso libre, pero el miedo a futuras auditorías del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ha paralizado a los dirigentes deportivos.
Cautela vs. Necesidad
El impacto de este estancamiento es tangible. Esos millones podrían estar financiando ya la preparación de atletas, infraestructura y competiciones.
- Marcelo Vido, director de operaciones del COB, ha sido claro en su postura conservadora: "Aguardamos la reglamentación del gobierno federal que defina la naturaleza y forma de utilización. Mientras tanto, dialogamos para buscar un uso eficiente". El COB recibió R$ 95,5 millones en 2025, todos inmovilizados.
- El CPB, por su parte, retiene R$ 57 millones bajo la misma premisa de "maduración regulatoria", según su director jurídico, Paulo Losinskas.
Esta postura se replica en el Comité Brasileño de Clubes (CBC) y las confederaciones de deporte universitario y escolar.
El problema de la "Caja Negra": Falta de transparencia en los pagos
Más allá del dinero congelado, existe una preocupación latente que afecta directamente a la transparencia del mercado: la auditabilidad de los ingresos.
Las entidades deportivas denuncian que operan a ciegas. Al no tener acceso a los datos fiscales de las operadoras (protegidos por secreto fiscal), los comités no tienen forma de verificar si el porcentaje que reciben corresponde realmente al GGR real de las casas de apuestas. Dependen enteramente de la buena fe de la declaración de las empresas.
Los datos del COB arrojan una luz de alerta sobre el cumplimiento: de las 81 empresas habilitadas actualmente, solo 70 realizaron los repases correspondientes. Hay 11 operadores que, pese a estar activos, no han efectuado los pagos, una irregularidad que el sistema actual no ha logrado subsanar automáticamente debido a que las transferencias se hacen de forma directa sin pasar por las arcas del Tesoro.
Próximos pasos
Para destrabar los fondos, los dirigentes deportivos buscan una solución política a través del recién creado Consejo Nacional de Comités Deportivos (CNCE), solicitando audiencias con la SPA y el Ministerio del Deporte.
Para la industria del iGaming, la resolución de este conflicto es vital. Que el dinero del juego llegue efectivamente a los atletas es la mejor campaña de relaciones públicas posible; mientras siga congelado en un banco, el "dividendo social" de la regulación seguirá siendo una promesa incumplida.
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